Gobierno corporativo: una gran deuda

Mar. 03 , 2009

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Publicado en Ideas & Debates, La Tercera

Sir Kenneth Arrow, destacado economista inglés y Nobel de Economía,
señalaba en su escrito "regalos e intercambios" que "virtualmente toda
transacción comercial lleva, en sí misma, un elemento de confianza, y
con toda seguridad cualquier transacción realizada durante un período
de tiempo". La confianza es especialmente importante para los
inversionistas que adquieren valores que representan promesas sobre
flujos futuros.

El gobierno corporativo puede ser visto como
la garantía de esa confianza. Las normas, procesos y patrones de
conducta que constituyen un buen gobierno no son sustitutos de la
honestidad y competencia de los trabajadores y ejecutivos de una
compañía. Tampoco son, por sí mismos, suficientes para asegurar un buen
desempeño económico. Pero su presencia resulta fundamental para que los
inversionistas -o contribuyentes en caso de las firmas del Estado-
puedan tener mayor confianza en la información y decisiones que emanen
de las juntas de accionistas, directorios o ejecutivos de la empresa.
En definitiva, la calidad del gobierno corporativo guarda relación con
la credibilidad de las instituciones.

Existe evidencia
empírica de que un buen gobierno corporativo no sólo redunda en un
menor costo financiero, mejorando la posición competitiva de la firma,
sino que también logra mejorar la administración de una sociedad.
Adecuados checks and balances dentro de la organización facilitan el
pensamiento estratégico y dan perspectivas diferentes a la gerencia.
Directores independientes, competentes y prestigiados pueden realizar
aportes clave en el proceso de toma de decisiones y crear valor de
largo plazo. El que estas compañías sean del Estado agrega un
componente de responsabilidad adicional a las instancias a cargo de su
gestión: se trata de recursos de todos los chilenos.

Chile
tiene todavía una importante deuda en esta materia. Sin embargo, la
inminente entrada a la OECD significará acelerar su cumplimiento, según
señaló un artículo de La Tercera el pasado domingo. Un elemento central
en las recomendaciones de la OECD es la separación de los distintos
roles del Estado: empresario, regulador y hacedor de política. Es
justamente este punto el que hace incompatible el ser ministro y
director de estas compañías, ya que existe un evidente conflicto de
interés. Un ejemplo patente de lo anterior fue la última negociación
colectiva de Codelco, donde la intervención pública de varios ministros
alejó la estrategia de la empresa de una línea técnicamente eficiente,
con significativos costos para el país.

Conceptualmente, el
tema de fondo es el de gobernabilidad en el sector público y las
empresas son sólo una parte de ello. También es trascendental
incorporar a esta agenda a otras entidades del Estado que demandan
modernizar su estructura de gobierno, como hospitales públicos,
servicios públicos, universidades, colegios públicos y subvencionados,
etc., que son también unidades productivas donde el Estado contribuye a
su financiamiento y, en la mayor parte de los casos, tiene limitados
derechos de control.

Estoy seguro de que hay un amplio campo
de eficiencia por ganar si este tema se toma cabalmente y como
prioritario en la agenda del país. Instalar en estas entidades una
estructura de gobierno moderna mejorará la eficiencia de largo plazo y,
por tanto, va a liberar recursos para los usos alternativos que
disponga la sociedad. Desde este punto de vista, los requerimientos de
la OECD son una gran oportunidad para modernizar el país.