Codelco, por fin

Oct. 08 , 2009

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La evidencia empírica señala que un buen gobierno corporativo permite disminuir el costo  financiero, mejorando la capacidad de competir de una compañía. También es un factor clave para mejorar la gestión de una sociedad. Un directorio bien conformado genera contrapesos dentro de la organización y promueve el sano debate entre pares, lo que facilita la reflexión estratégica, dando visiones diferentes a la alta administración. Directores independientes, competentes y prestigiados, pueden realizar aportes claves en el proceso de toma de decisiones y crear valor de largo plazo. Desde este punto de vista, el factor de un “buen gobierno”, se convierte en crítico para la contribución de estas empresas a la competitividad país y al desarrollo económico.

El logro de todas estas bondades, sin embargo, era aún una tarea pendiente para el Estado de Chile, especialmente para Codelco, su empresa más emblemática. La reciente aprobación en el Congreso Nacional del denominado proyecto de ley de Gobiernos Corporativos de Codelco es un paso fundamental en el adecuado resguardo de uno de los principales activos de todos los chilenos.

Siguiendo las recomendaciones de la OECD, se establece una clara separación de algunos de los distintos roles del Estado, en este caso: empresario y hacedor de políticas públicas. Es justamente este punto el que fundamenta la eliminación de los Ministros de Hacienda, Minería, y el representante de las FFAA del directorio.  Asimismo, se incorporan 4 directores independientes, elegidos por la alta administración pública, que darán el necesario equilibrio y control a las decisiones que se tomen en la empresa.

Se trata, sin duda, de un gran avance, que otorga continuidad al largo proceso de modernización del Estado en nuestro país. Este paso, tan complejo y difícil, que significó un dilatado debate en el parlamento, debe dar pié para levantar nuevos desafío en este ámbito. Uno de los más importantes es aplicar este mismo enfoque conceptual al SEP, el ente a cargo de la gestión del resto de las empresas públicas, y ENAP, la otra compañía emblemática de propiedad fiscal.  También es trascendental incorporar a esta agenda otras entidades del estado que demandan modernizar su estructura de gobierno, como hospitales y servicios públicos, que son también unidades productivas, donde el estado contribuye a su financiamiento y, en la mayor parte de los casos, tiene limitados derechos de control.

Hay un enorme espacio de eficiencia por avanzar en la gestión pública si esta área se toma como prioritaria en la agenda país. Instalar en las diferentes reparticiones del estado una estructura de gobierno moderna, mejorará la eficiencia de largo plazo y, en consecuencia, se traducirá también en el necesario y debido aporte del Estado al incremento en la productividad país. Desde este punto de vista, sólo cabe felicitar a los gestores e impulsores de esta trascendente iniciativa y, mantener en mente, que el país ha abordado una parte relevante de la tarea pendiente, pero que aún resta mucho por ganar.