La reformas del Presidente Piñera: La dimensión política y ciudadana

Dec. 30 , 2010

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Sin lugar a dudas, que las siete reformas que pretende impulsar el Presidente Sebastián Piñera constituyen acciones prioritarias de adelantar, si lo que se busca es instalar a Chile en la próxima década, en el selecto grupo de países desarrollados.

De acuerdo a lo señalado por el gobierno, las principales reformas se vinculan a aspectos económicos relativos a estrategias de crecimiento y aumento del empleo; la necesidad de derrotar la pobreza considerando la creación del Ministerio de Desarrollo Social. Se necesita además de parte del Ejecutivo, el impulso de un conjunto de normativas que potencie una nueva reforma a la salud, así como avanzar en el fortalecimiento de políticas púbicas que permitan disminuir delitos y robustecer la seguridad ciudadana y una verdadera reforma al sistema educacional chileno, a toda luz, una de las más importantes, si lo que se busca es conseguir buenos resultados en todas las reformas antes mencionadas. Finalmente, se habla de “reformas políticas”, tal como señala el Presidente, “incorporando tecnología que facilite la relación entre el Estado y los ciudadanos”.

En general, todas las reformas se encauzan dentro de la enorme iniciativa del actual gobierno de modernizar el Estado, en sintonía con la calidad de la gestión percibida por el ciudadano-cliente. Así se observa al comprobar cómo “el culto a la buena gestión y a la calidad del servicio", se encuentra presente en cada una de ellas. Quizás la principal debilidad de las reformas del gobierno de Piñera, pasa por la exiguedad de la dimensión política-ciudadana. Ella queda al descubierto al detenerse en las denominadas “reformas políticas", donde no se encuentran prioritariamente presentes, aspectos como la descentralización y dentro de ella la regionalización y la reforma al sistema municipal, al menos no visiblemente, ni con la suficiente fuerza tratada.

Y es que el camino legítimo de priorizar la vía técnica es importante, pero no la única, considerando lo relevante que es como fuente generadora de confianza pública y de inclusión ciudadana el considerar ambos caminos, como determinantes para el buen gobierno. Dable es señalar, que inclusive tal criterio es observable en las modificaciones respecto a la reforma educacional, como lo es, la disminución de horas de historia y con ello la reducción del tiempo para el desarrollo de la educación cívica, comprometiendo un saber fundamental de los alumnos; hoy exiguos conocedores del Estado de derecho, de nuestras leyes, de nuestras organizaciones.

Si queremos mayor participación ciudadana, si estamos de acuerdo con que es prioritario que conozcamos mejor nuestras instituciones públicas y que la confianza radica en lo familiarizado que estamos con ellas; entonces la dimensión política-ciudadana debe acompañar paralelamente la buena gestión de nuestros recursos. No es cosa de gestionar mejor, también es cosa de saber para qué lo hacemos.