La Corte Suprema y los consejos de guerra
Dec. 24 , 2011
Publicado en Reportajes La Tercera, 24 de diciembre del 2011
La Corte Suprema decidió, por una contundente mayoría de 12 contra 6 votos, designar como nuevo presidente para el período 2012-2014 al magistrado Rubén Ballesteros. Hasta donde se sabe, esa mayoría tomó esta opción por un complejo cálculo de las edades de sus mayores, los tiempos que deben permanecer en el cargo y las alternativas que lo seguían. No parece haber intervención significativa de factores políticos -y nadie lo reconocería-, por lo que cabe entender que otra vez el tribunal superior actuó como una burocracia especializada, que atiende a sus mecánicas internas por sobre los signos del entorno social.
En este entorno es relevante la voz de las asociaciones de víctimas de violaciones a los derechos humanos, que hace semanas venían advirtiendo que la designación de Ballesteros sería polémica. Por mucho que la Corte no quiera ceder a tal tipo de presiones, ese solo hecho anticipa que la gestión de la presidencia no tendrá un bienio tranquilo.
En los pasillos tribunalicios no hay dos opiniones para calificar a Ballesteros como un juez más inclinado a la derecha -es decir, a los valores del orden, las normas y el castigo a las trasgresiones-, tal como Milton Juica era considerado un magistrado más inclinado a la izquierda -los valores de la equidad, la interpretación amplia y el perdón social. Los jueces odian estas clasificaciones, pero esa es una rebelión inútil cuando se está en las cumbres de uno de los tres poderes del Estado.
La cuestión de ser de derecha, y de cómo serlo, ha sido uno de los principales dilemas de la administración Piñera. Este gobierno no tuvo nada que ver con el ascenso de Ballesteros a la Suprema, ocurrido en el 2005. Quien lo propuso fue el Presidente Ricardo Lagos, en las postrimerías de las negociaciones iniciadas por el senador Pablo Longueira. Otra cosa es que se pueda entender que Ballesteros sea una buena noticia para los ministros del Interior y de Justicia, que han polemizado con su antecesor por las conductas de los jueces ante la seguridad pública. En un gobierno que duda de qué es la derecha, pero no duda de que no quiere ser la del pasado, el nuevo presidente de la Corte será mucho más un problema que una solución. Un problema que caerá, como siempre, sobre el mismo gobierno.
Los detractores de Ballesteros han puesto énfasis en sus fallos favorables a la ley de amnistía, sus votos en favor de Pinochet en varios de los juicios en su contra y sus mociones contrarias a activistas sociales, como la cineasta Elena Varela. Sin embargo, el juez podría alegar, en todos estos casos, que opinó en conciencia, dentro de un contexto democrático, y que perdió tantas causas como las que ganó con sus votos.
Otra cosa es un antecedente más remoto y fangoso: su participación en los consejos de guerra establecidos el 11 de septiembre de 1973 y extendidos hasta 1976. Esto ya es distinto. Hoy existe un amplio consenso jurídico, académico y político respecto de que los consejos de guerra son el punto más bajo que ha alcanzado la administración de justicia en toda la historia de Chile.
Si los presidentes de la Corte Suprema de los años 70 tuvieron comportamientos aquiescentes con el poder dictatorial (sólo José María Eyzaguirre protestó contra los ostensibles shows que la Dina montaba en las visitas de los jueces a sus recintos visibles), los miembros de los consejos de guerra se encargaron de las venganzas más viles, las ejecutadas contra prisioneros derrotados, en condiciones abusivas, ciudad por ciudad.
Ballesteros participó en los consejos de guerra de Osorno. No fueron los peores, ese título no se lo disputa nadie a los de la FACh, pero tampoco son un modelo de temperancia. La Comisión Valech estableció, sin espacio de duda, que todos los consejos de guerra actuaron al margen de las normas de debido proceso, lejos de las leyes penales, fuera de los mismos códigos de justicia militar y en contra de las normas de trato a los prisioneros de guerra de la Convención de Viena. Y todo eso sin guerra.
El informe Valech cita dos de los fallos de Osorno como ejemplos de iniquidad jurídica. En uno se estima que sólo pertenecer al MIR "indica un concierto para alcanzar los fines ilícitos", aunque no hubiese delito de por medio. En el otro se condena a dos militantes socialistas por espionaje de secretos militares "para su entrega al enemigo", sin especificar cuál sería el impacto de tales "secretos" sobre las operaciones de cuál "enemigo". Los archivos de la Vicaría de la Solidaridad registran otros tres procesos similares, en uno de los cuales un imputado, Alfonso Heriberto Oliveros Angulo, recibe 15 años de prisión por "traición a la patria por conspiración, en grado frustrado" (?) y otros dos, Orlando González Barrientos y Alejandro Omar Iturra Pérez, cargan 20 años por ingreso clandestino "en fecha indeterminada".
Los juicios de los consejos de guerra enrojecen la vergüenza del ejercicio del derecho en Chile. Tras su designación como presidente de la Suprema, el ministro Ballesteros dijo que "el hombre es víctima de sus circunstancias". Esta es una verdad del porte de una catedral, y así lo refrendarían oficiales que fueron destinados a la Dina o la CNI y que por esa sola circunstancia han visto mutiladas sus carreras militares. Pero la idea queda incompleta si no se agrega que también el hombre es víctima de sus propios actos. De otro modo, la profesión del derecho carece de sentido. Sin conciencia y sólo con circunstancias, el derecho y la justicia dejan de existir.
El caso es que Ballesteros no sólo integró, sino que presidió esos tribunales especiales. En los años 70, eso no lo hacía cualquiera, ni siquiera por obligación, sino porque unos mandos militares mareados por un delirio bélico lo estimaban adecuado. Parece una segunda y más triste renuncia alegar que entonces "los jueces vivían en otro sistema, no vivían como ahora en un sistema democrático".
Es raro lo que sucede con esto. En 20 años de transición, las Fuerzas Armadas han comunicado -sin decirlo, sin estridencia- que ningún miembro de la Dina o la CNI llegará a comandante en jefe. Los políticos han transmitido la idea de que ninguno de los civiles que estuvieron cerca del núcleo de las violencias abusivas tendrá altos cargos de gobierno. Pero el Poder Judicial parece no escuchar nada. Para decirlo con crudeza: su equivalente de la Dina fueron los consejos de guerra, y esto parece darle lo mismo.
Y resulta odioso que esto ocurra con un juez llamado Rubén Ballesteros, porque él, su persona, no es el punto. El problema es por qué no puede la Corte Suprema garantizar a los chilenos que no estarán en sus máximos cargos quienes hayan llevado juicios injustos y abusivos, procesos contrarios al derecho y sentencias arbitrarias.
