Indultos: una caminata sobre la cuerda floja
Jul. 25 , 2010
Publicado en La Tercera, domingo 25/07/2010
La propuesta de Indulto Bicentenario parece no tener piso político. Para el gobierno es un tema incómodo y para la Iglesia se ha transformado en una señal de que ya no tiene la misma injerencia de hace una década.
El gobierno no fue sorprendido por la propuesta de indulto de la Iglesia Católica ni tampoco por el hecho de que se haya convertido en el eje del debate público en los últimos días. De hecho, los equipos de juristas del Presidente Piñera habían analizado el problema antes de asumir, como lo han hecho todos los candidatos desde el 90 en adelante.
Sabían, por lo tanto, que los indultos son un problema político y social. Por lo general, los abogados estiman -como lo dijo el presidente de la Corte Suprema, Milton Juica- que en sus diferentes formas los indultos siempre implican algún grado de distorsión de los mecanismos de la justicia y de la propia democracia. Del otro lado, los gobiernos se inclinan siempre a creer que la clemencia y el perdón favorecen la paz social y le otorgan a la democracia una dimensión humana.
Ni una ni otra cosa están inequívocamente demostradas. Pero aunque lo estuvieran, las lógicas jurídica y política naufragan frente a los casos de delitos contra los derechos humanos, imprescriptibles e inamnistiables según el derecho internacional. La ventaja que tuvo Patricio Aylwin para aplicar diversas formas de indulto (liberación, conmutación o rebaja de penas) a una mayoría de los 397 casos de presos políticos que tenía al momento de asumir era la propia de una transición entre dictadura y democracia: la autoridad para decidir que los delitos "de conciencia" (incluyendo los de sangre) no eran equivalentes a los delitos comunes.
Aylwin tuvo suerte. De los presos que liberó, sólo unos pocos reincidieron en la subversión o la delincuencia. Para Lagos la historia fue distinta: Juan Aliste Vega fue deportado esta semana desde Argentina y encausado por el asesinato de un carabinero durante el asalto a un banco, en el 2007.
Piñera se reunió con la viuda y los hijos del policía, en una señal inequívoca de que esos transgresores no serán sujetos de clemencia. Sólo horas antes había recibido a las hijas del asesinado general Prats, en otra señal de que tampoco habrá perdón para los agentes más sombríos del régimen militar.
Entre los dos encuentros, la conclusión es una sola: el Presidente sabe que camina sobre una cuerda floja.
De los interesados en los indultos brilla con especial fulgor el Ejército, que tiene a dos candidatos desde comienzos de la década: el general Odlanier Mena y el mayor Héctor Herrera Jiménez.
Mena fue un oficial muy importante en la contención de los conflictos fronterizos del norte, combatió internamente la trenza de poder estructurada por el general Manuel Contreras, entregó a Michael Townley y a los asesinos de Orlando Letelier, redujo y disolvió a la Dina y casi eliminó el método de las desapariciones. Castigarlo igual que a los hombres de la Dina envuelve un incentivo perverso para la promoción de la corrección en los métodos militares. Mena fue, es y ha sido, a pesar de sus penosas destinaciones, "an officer and a gentleman".
El mayor Herrera participó en uno de los crímenes más horrendos del régimen militar, el de Tucapel Jiménez -junto con Contreras Donaire-, pero confesó y dio detalles, se declaró arrepentido y sobrelleva una enfermedad terminal.
No hay en el gobierno quien desconozca que cualquier decisión respecto de estas u otras personas envueltas en casos de violencia política traería inmensas dificultades, pero si hay alguien sorprendido por el debate social no es el gobierno, sino la Iglesia Católica.
La reacción virulenta de los organismos de derechos humanos y la reacción silenciosa de la mayoría que se opone en las encuestas muestran a las claras que es cierto lo que los obispos se han negado a reconocer: que el capital moral que tuvieron hasta los 90 se ha licuado, hasta alcanzar una cierta irrelevancia. La Iglesia puso a uno de sus hombres más calificados y autorizados, el sacerdote y ex vicario de la Solidaridad Cristián Precht, para analizar los casos de presos por derechos humanos uno por uno.
Pero ni siquiera eso ha sido suficiente. No hay piso para su operación, aunque la propuesta entregada el martes al gobierno envuelve, más que la idea de indultos particulares que la ley reserva a la decisión exclusiva del Presidente, la elaboración de un proyecto de ley de indulto general (con inspiración parecida al Indulto Jubileo del 2001) que establezca condiciones especiales y severas para la liberación de delitos comunes y especiales. Y eso debe pasar por el Congreso.
Lo que nunca pudieron hacer bien los gobiernos sucesorios, lo debe intentar ahora un gobierno inexperto, sobre la base de una Iglesia disminuida. Menudo lío.
