El estrés de los estudiantes

Publicado por La Tercera, 24 de Septiembre de 2011

El movimiento estudiantil no está debilitado ni ha perdido sus convicciones. Quienquiera que realice ese diagnóstico, especialmente en el gobierno, pecará de voluntarismo y quizás sumará un nuevo eslabón a la ya larga cadena de errores que se ha cometido al enfrentarlo. Pero está estresado, sometido a tensiones nuevas y preocupado de no avanzar hacia el desastre.

Mantiene su desconfianza hacia el gobierno, que ya se ha vuelto endémica. Ella nació con la presencia del ministro Joaquín Lavín y las intervenciones del Presidente. Uno salió de escena, el otro seguirá siendo protagonista. El ministro Felipe Bulnes ha intentado reponer los principios complementarios de autoridad y coherencia, pero quien se los ha aportillado ha sido el propio gobierno. 

La última "descoordinación" (esta es la palabra benevolente que se usa en La Moneda) fue el anuncio del ministro Andrés Chadwick de que se quitarían las urgencias a los proyectos de ley sobre educación enviados al Congreso, que después tuvo que rectificar, entre otras cosas, porque dichas urgencias significan muy poco y el Parlamento ha avanzado aun menos. El traspié le dio al presidente del Senado, Guido Girardi, la oportunidad para plantear la amenaza -bastante inaudita- de que esa cámara bloquearía los proyectos del gobierno si no accedía a las peticiones de los estudiantes.

En cualquier caso, no son los errores y las propuestas del gobierno lo que más complica a los estudiantes. Lo principal es el peso inercial que adquiere el calendario después de las Fiestas Patrias. Los años pueden ser una cosa menor en los grandes movimientos sociales. Excepto en los estudiantiles. El fin del año desata la mecánica de cierre de procesos, exámenes, aprobaciones y reprobaciones, currículos, certificaciones, notas y grados, toda esa contabilidad poco glamorosa que es parte tan sustancial de la vida académica como el mismo aprendizaje.

Y de este engranaje chirriante emergen tres fantasmas que parecían remotos y de pronto han adquirido materialidad: 

1.- La posibilidad de que miles de estudiantes secundarios -el Presidente habló de 70.000, una cifra inédita en la historia- reprueben el año simplemente por faltar a clases, un peligro que se enerva en los de cuarto medio, que deben rendir en diciembre la PSU. El gobierno intenta que ellos acepten su plan "Salvemos el año escolar" -un instrumento altamente polémico en cuanto a aprendizaje eficaz, casi un parche administrativo que no cubre la verdadera herida- y no ignora que con ello inferiría una derrota a la dirigencia del movimiento secundario y a sus grupos más radicales. Pero eso es lo que busca, sabiendo que un año perdido en ese nivel de la educación puede equivaler a un lustro en otras causas sociales.

2.- El riesgo de perder las becas estatales en las universidades del Consejo de Rectores si no se cierra el primer semestre académico. Es muy discutible -y quizás ilegal- que el Estado siga premiando una prestación que no se cumple, y más aún que lo siga haciendo después de que lo ha concluido por causas fundadas. La fecha límite (7 de octubre) ya es muy artificiosa y supone que el segundo semestre se extienda hasta el verano, pero tener que elegir entre un buen año académico, la mantención del movimiento de protesta y la salvación de las becas es algo verdaderamente desgarrador. La prueba es que esta disyuntiva ya ha quebrado la unanimidad de las universidades estatales pequeñas y está agrietando la de las facultades en las universidades mayores.

3.- El deterioro de los ingresos mensuales de las universidades del Consejo de Rectores. Se suele olvidar que estos planteles también cobran a sus estudiantes y que estos ingresos forman parte sustancial de sus presupuestos. En muchos de ellos, especialmente en regiones, los padres (o los estudiantes) han dejado de pagar los aranceles, lo que también es coherente con las protestas y los paros. ¿Por qué seguir pagando algo contra lo cual se reclama? Algunas autoridades de estas instituciones estiman que la pradera ya está incendiada y que sólo una nueva demanda sobre el gobierno, el Parlamento y el Ministerio de Hacienda podría salvarlas de una crisis de proporciones. Pero, ¿otra más? ¿Ahora para las instituciones y no para los estudiantes? ¿Cómo hacer esto presentable y evitar que el gobierno aproveche de intervenir en sus estilos de gestión?

Estas amenazas -la cuarta, más opinable, es el eventual deterioro de las matrículas de alumnos de alto rendimiento para el 2012 en colegios y universidades que han estado en conflicto- y la tensión que ellas han sembrado, han introducido un aire optimista en el gobierno, el primero en casi cuatro meses de movilizaciones. Al fin -piensan- el movimiento estudiantil empieza a ver sus costos por delante de sus logros. Por fin avizora la cara fea de la derrota.

¿Será así? Aun si todos los estudiantes vuelven a clases, terminan las tomas, se completan los procesos de cierre, nadie pierde el año y todo se convierte en música académica, queda por delante la madre de todas las batallas, la primera en que el Congreso tendrá el protagonismo que hasta ahora sólo ha bolseado: la ley de presupuesto 2012. Si el gobierno no envía un proyecto claro, transparente y conforme a los compromisos que ha contraído en educación, sólo le queda por delante una cosa: prepararse.