Una crisis sin retorno

Las  preocupantes  cifras  de desaprobación ciudadana obtenidas tanto por el  gobierno  como por la coalición que  lo apoya —de un 56 %  y 57 %  respectivamente—, y  el  65%  logrado  por la  Concertación,  no son  fenómenos  pasajeros o  atribuibles  a problemas de  gestión de equipos  políticos o  a impericia  política del gobierno de turno. Son manifestaciones palpables  de que  la sociedad  chilena  no  desea  continuar siendo  ninguneada  ni desoída, abriéndose  las puertas  a un nuevo ciclo  constitutivo de  un cuadro  político en desarrollo que  puede  llevar  al país hacia  una democracia para  la ciudadanía  y no para  unos  pocos privilegiados. 

Las muestras de  descontento  que se han  expresado en la arena  pública en los últimos meses son diversas. Algunas de ellas son: el movimiento de estudiantes que exige el fin del lucro en la educación (recientemente  rectores de diversas universidades se han sumado al petitorio).  Masivas manifestaciones en contra de  la construcción de HidroAysén y  las múltiples formas de  movilización  invisibles a los medios masivos de comunicación, como las ocurridas en las principales  ciudades de Chile, a las que deben  sumarse los malestares  diarios que enfrentan los  usuarios del Transantiago, de los sistemas públicos de  salud y las prolongadas esperas para ser  atendidos a enfermedades que se prolongan por meses o años. Las acciones recientemente mencionadas son  signos que  no pueden  pasar de largo. Contienen  los ingredientes del cambio  ciudadano que  muchos  intuyen y cuyas  formas  orgánicas están en pleno  desarrollo.

En esta  crisis política (nombre que designa  un estado de  malestar  generalizado de la población  con la forma en que se gobierna  y adoptan decisiones), algunos sólo ven  problemas de  gestión, o  de  movimientos inconducentes premonitorios de  populismos. Otros aprovechan  de  execrar en contra de la democracia participativa, mientras algunos analistas apelan a la  autocrítica de las elites políticas. Todas estas  perspectivas, que  intentan  salvaguardar  una institucionalidad que  hace  agua, no  reparan en un hecho  esencial: la ciudadanía  ha dicho  basta y ha  iniciado  un camino hacia un restablecimiento de las confianzas perdidas. Los ciudadanos exigen reformas  profundas en materia  político-institucional. Es preciso que la soberanía  recaiga en la sociedad,  que se expresen las diferentes visiones  de ésta en el Congreso Nacional. Es necesaria la nacionalización del agua; la salud y la educación deben volver a ser  un servicio prioritario y no  un problema de los  pobres. Los ciudadanos demandan que el medio ambiente  no sea un negocio que  destruya al país que aman  sus  habitantes. Tan simple como eso.

Se  vislumbran  varios caminos de  salida a esta  crisis, donde lo que  sí es evidente que la  articulación orgánica será  el resultado de  una nueva convergencia ciudadana junto a  los nuevos actores  políticos. Los  viejos residuos de la política tradicional  podrán oponerse o reciclarse; las nuevas  fuerzas político-ciudadanas seguirán desarrollando su rol  de expresar  los malestares y dar  formas  orgánicas al diálogo con los actores  políticos emergentes. El cambio que se  avecina es cuestión de tiempo.