El problema es político, no social

Qué  importantes  han sido los acontecimientos que remecen Chile  en los últimos meses y han  puesto en evidencia  la fragilidad del orden urdido en medio de los  horrores de la dictadura;  era  difícil esperar  otra cosa. Mas bien,  aceptar  nuestro status quo como el modelo o paradigma  de los países  emergentes es no solo de mal gusto: constituye  una falta de  respeto  y  una soberbia propia  de los regímenes que  existieron en el pasado, carentes de sintonía social.  En verdad, no estamos tan lejos  de ello.

Analistas  liberales  muestran  su malestar con la  eclosión de las mayorías y apelan a la primacía de la decisiones racionales,  en abierta oposición  a la participación  de  la ciudadanía  en los asuntos  públicos. Las decisiones racionales,  aquellas que son tomadas por quienes “conocen el panorama completo”,  sabemos en qué han terminado, muchas de ellas tristemente. En la Alemania  nazi, de modo  racional fueron enviados  a campos de exterminio  millones de  personas  que no  disponían de “la información  completa”;  al igual que las ejecuciones  sumarias del  totalitarismo soviético,  o más cercanamente, con nuestros detenidos  desaparecidos. Es verdad, quienes lo  hicieron seguro  conocían el panorama completo.  Y este conocimiento desde luego  que es completo igualmente  por parte de los  operadores de la banca,  la minería y  la energía. La cuestión central es que la racionalidad desprovista de  legitimidad es  terrorífica, más aun si sólo se afinca en el miedo  o en la  racionalidad tecnocrática, para la cual la ciudadanía es un obstáculo y un impedimento para el crecimiento de las naciones.

A otros les preocupa la calle y que ella sea el espacio hacia donde se  trasladen las decisiones,  en sí “paradigma de la desigualdad”, “espacio  del oportunismo  y la fuerza en el que los  intereses de ciertos  grupos particulares se presentan e imponen como si fueran universales”. Demandan partidos fuertes y profesionales, además de poner término a toda  acción que  implique dotar de poder a la ciudadanía. La calle ha sido escenario de  los cambios en la historia: ocurrió en 1789, cuando  las calles abrieron paso a las libertades  que atesoramos,  a los ideales de  justicia social que  siguen guiando las promesas de una  democracia para todos. La calle abrió  paso a la democracia en Chile,  en contra  de sus  teóricos.

Por  otra  parte,  quienes reconocen la falta de  sintonía  de la “clase política” con la  ciudadanía,  y  adelantan juicios apocalípticos de que se está ad portas del peligro latente de liderazgos  populistas frente  a la falta de  capacidad de  interpretación de las demandas  ciudadanas, y abogan  por cambiar de nombres y  contenidos que ya no se compran, como el  vetusto traje de la vieja  Concertación. Se intenta  vender lo mismo con envoltorio nuevo. Es  casi  una  forma de estafa.

Los  temores  a la democracia participativa, al  uso  social de la calles como espacio público  deliberativo,  y  los intentos de blanquear  o  reciclar lo que  ha dejado de ser, son miradas  valiosas, por cuanto  aportan  material sustantivo que  sólo reafirma  la crisis  que vive Chile.

Los  malestares  de la calle  y de  la ciudadanía son la invocación  a cambiar este estado de cosas,  a poner  un cierre a las  injusticias  que viven a  diario millones de personas,  para quienes resulta incomprensible  la desigualdad  que se vive en el día  a día, en la salud,  la educación, la vivienda, en la representación de sus intereses  y demandas. 

La calle es el espacio  público donde se  estructuran las  nuevas  representaciones sociales  y  políticas  venideras.

Nuestra  crisis institucional es  una crisis política y su solución deberá ser  política. Los  ciudadanos  han ingresado  a un nuevo ciclo, al que  no lo han hecho los  políticos tradicionales. Seguro habrá  quienes se atrevan a dar esos  pasos, y otros que preferirán la comodidad de  sus  privilegios.

Lo que  no se puede exigir de la ciudadanía es que abdique  de su poder  soberano para  reclamar un nuevo orden, una  Nueva  República Democrática.  Ello  sería  terminar por  romper  el inestable y precario contrato social que sobrevive gracias a los  acuerdos  de la transición y abrir paso a las profundas transformaciones  que avanzan  en América Latina.


* Director ejecutivo de Corporación Libertades Ciudadanas.