Democracia participativa y liberalismo gubernamental

May. 26 , 2010

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Los anuncios hechos por el Presidente Piñera en su cuenta del pasado 21 de mayo, constituyen una prueba de la mutación que está teniendo lugar en la política chilena y en las doctrinas e ideologías que hoy sustentan los actores políticos. Y esto es una paradoja a la vez que una constatación.

Nos habíamos habituado a escuchar que la democracia y los valores asociados a ella son o han sido patrimonio del progresismo y de las corrientes avanzadas de la sociedad, preocupadas por el cambio social, la democracia, la justicia, la solidaridad y en general todos los valores vinculados a las transformaciones orientadas a las construcción de un mundo mejor. Y se hablaba desde ideologías constituidas en los inicios de la modernidad, junto a la revolución de las colonias inglesas y francesa, como si la crisis que sacudió al mundo polarizado hacia fines de los ochenta no hubiese tenido efectos sobre el ideario progresista. El ideario liberal, en este contexto, ha sido concebido básicamente como el despliegue del proyecto capitalista y la “democracia burguesa”, con sus debilidades y falta de apego a la realidad.

El presidente Piñera se ubica en una intersección que impide un fácil encasillamiento, pues parte sustantiva del discurso de ese día, captura en medida no menor las sensibilidades culturales que circulan por los intersticios de la sociedad, y que fueron moldeadas con prolijidad por los gobiernos de la Concertación, muy perceptivas de convocatorias al desarrollo de capacidades, del emprendimiento individual, de estímulo a la iniciativa privada y a los mecanismos del mercado. Es decir, la obra remozada del viejo régimen militar, durante 20 años, por parte del progresismo concertacionista, contribuyó sustantivamente a la revolución socio-cultural que hizo posible la adscripción social, o la inclusión cognitiva a los códigos del liberalismo que cubre la sociedad chilena y que explica la sintonía con el discurso presidencial y la confusión de sus adversarios.

Cierto, los discursos están hechos para producir deleite en los receptores, y para generar movimientos de aprobación y adhesión: son las reglas del juego democrático. Pero más allá de esto, un hecho marca la diferencia y puede sellar el inicio de un nuevo camino para la política y la sociedad civil en Chile: la democracia ampliada, participativa, se instala como un valor público en el discurso de un mandatario que integra una coalición que no había tenido oportunidad de declarar desde  el  poder democrático legítimo, que su cambio es real, y su apego por la democracia genuino; inclusive, declara estar disponible para transitar a nuevas modalidades de participación ciudadana, que hagan posible “construir una democracia más vital, cercana, transparente y participativa”.

Las propuestas de inscripción automática y voto voluntario, las modificaciones legales que exijan efectuar una cantidad mínima de audiencias públicas al año, el fomento al uso más frecuente de fórmulas de democracia directa: plebiscitos y consultas no vinculantes, la creación de la Comisión de Participación Ciudadana que elaborará la Política de Participación Ciudadana y Fortalecimiento de la Sociedad Civil del gobierno, la propuesta de dignificar y formar a la dirigencia de las organizaciones sociales, con el compromiso de reconocer y propiciar su independencia de las autoridades de turno, o el apoyo a la ley de iniciativa popular, constituyen propuestas valiosas, que requieren ser auditadas socialmente en su desarrollo e implementación.

Por cierto, preocupa que proyectos emblemáticos no hayan sido tocados, como la creación del Defensor del Ciudadano, que sigue en el Congreso a la espera de la voluntad política, o la Ley sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la gestión pública, esta última, base para el desarrollo de una ciudadanía activa y una democracia participativa.

En este contexto, sobresalen las definiciones políticas señaladas por el Ministerio Secretaría General de Gobierno, en su programación 2010 – 2014, al afirmar “el compromiso del gobierno en continuar mejorando la democracia, gestando un Estado más inclusivo y participativo. Se busca tener el sello de un permanente diálogo, incentivando la participación de la sociedad civil en la formulación, implementación y evaluación de planes y programas, dado que la participación social ha probado ser particularmente eficiente en el combate contra la pobreza, en el mejoramiento de la calidad de vida y en el fortalecimiento de la democracia”.

Las categorías que usamos para comprender la realidad política desde luego que son un gran apoyo para poder distinguir actores, fuerzas, posiciones; pero en ocasiones, y parece ser el caso de nuestro tiempo, son un obstáculo para generar movimientos favorables a la sociedad y el bien común, pues los intereses particulares predominan por sobre los mayoritarios, y la inclinación humana a desvalorizar al otro no siempre es una fuerza motriz para los cambios.

Queda instalada una idea: la declaración de apego por los valores de la democracia no es patrimonio de un sector político. El liberalismo progresista que traza Piñera, aun insuficiente, es una propuesta que debe ser ponderada equilibradamente y no sólo desde el prisma de la ideología y el interés particular, como ha venido ocurriendo.

Como en todo inicio de gobierno, la sociedad civil seguirá atenta los movimientos del poder político, y estará preparada para las sorpresas como ocurrió durante los pasados 20 años de intentos fallidos por reconocer en el pueblo y su  protagonismo, la base del poder que sustenta nuestro orden político.