Democracia y ley de transparencia

May. 04 , 2009

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Señalar a la democracia como la manera más extendida y aceptada para organizar la vida en sociedad no es un argumento nuevo, así lo establece su generalización como único sistema legítimo y forma normal de gobierno, al menos para buena parte del planeta.

En diversos grados de aceptación, la región muestra procesos de democratización de los regímenes políticos que han logrado resolver la legitimidad en su investidura como poder ejecutivo y la legitimidad en su actuar como gobierno.

Sin embargo, esta misma certeza nos motiva a indagar sobre otro elemento que en la actualidad es imprescindible a la democracia, cual es su calidad y es desde esta perspectiva que nos adentramos a su artículo.

Este no es un debate menor, ya que se sitúa en la vanguardia de la discusión politológica actual, en cuanto se ha desplazado desde la constitución, aceptación y permanencia del gobierno al proceso de gobernar, lo que incluye a la administración pública y le exige niveles de resultado concreto en su actuar.

Cuando nos referimos a la calidad de la democracia, esta adjetivación, puede traer algunos inconvenientes conceptuales, es por ello que trataremos brevemente de poner en contexto y de manera concreta a qué nos referimos.

Ya varios de ustedes habrán escuchado o leído el término accountability, bueno, qué tiene que ver esto con la democracia y con Chile en particular, mucho, ya que la recién estrenada ley de transparencia (20 de abril de 2009) viene a llenar un espacio de fortalecimiento de la población para ejercer sus derechos de saber en qué se utilizan los recursos públicos.

No es interés de este breve artículo analizar la ley, tan sólo señalar la relevancia que esta iniciativa tiene para el futuro democrático del país y por consiguiente el espacio que se abre a la población para ejercer sus derechos ciudadanos, no solamente en los actos electorales, sino también en todo momento.

Importante es rescatar dos elementos: el primero tiene que ver con la transparencia activa, es decir, la obligación de toda institución pública de poner en conocimiento de la población un cúmulo de información respecto de su quehacer y recursos asociados, esto de manera proactiva; en segundo lugar, lo que se denomina transparencia activa, es decir, la obligación de los órganos públicos de dar respuesta a las consultas y solicitudes que las personas, en su derecho de conocer puedan requerir, con el solo requisito de identificarse.

Este gran avance, que va en línea con la profundización de la democracia y su calidad, requiere que sea legitimado por la sociedad y este es un desafío impuesto a la clase política, que hoy se verá si esta a la altura de lo que el país le demanda.