Explosión de transparencia

Apr. 26 , 2009

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El lunes pasado entró en vigencia la "Ley de Transparencia", la que obligó a todos los servicios públicos a colocar en sus páginas web variada información que nunca había estado disponible para los ciudadanos.

Y sucedió lo que era de esperar: el comentario se centró en cuánto ganan los diversos personajes públicos y otros que no eran tan conocidos. A este respecto, lo importante es superar lo anecdótico y utilizar la información para sacar conclusiones relevantes. En efecto, poco importa cuánto gana el Presidente de la República o un subsecretario, porque conceptualmente su situación está sujeta a control: ganan el sueldo que establece la ley y por cargos que han sido creados y provistos, de una u otra manera, conforme a ella. La mirada se debe focalizar, entonces, allí donde hay espacio para la discrecionalidad y el abuso.

La experiencia indica que hay que centrar el análisis en el personal a contrata y, sobre todo, en los honorarios. La razón está en que la creación del cargo y el monto de la remuneración, no obstante ciertos límites, es altamente discrecional para quien contrata. Aunque son figuras que proveen flexibilidad y ésta en teoría es positiva, en el hecho puede ser perniciosa cuando no está acompañada de los incentivos que alinean las decisiones con los objetivos correctos. Así sucede en Nueva Zelanda, en que el "gerente público" tiene metas que lograr y enfrenta tanto premios como costos por el resultado que obtenga. Por lo mismo, no contrata gente demás o no calificada para un cargo. No es ese el caso chileno.

Por ello, no es aventurado sospechar que muchas contrataciones se deben a compadrazgos e influencias. Un indicio son los contratos de parientes de autoridades, parlamentarios y dirigentes políticos, como igualmente de quienes han perdido una elección. Por cierto que puede haber casos justificados, pero si se trata de una práctica generalizada, como ocurre hoy, se justifica la duda.

Si uno se adentra en el detalle de los listados se encuentra con cosas poco lógicas. Por ejemplo, un conjunto de fiscalizadores a honorarios en una subsecretaría, en que los contratados exhiben como especialidad ser licenciados en arte, expertos en fiscalización (¿?) o técnicos en administración de empresas. Ellas son tan disímiles y ajenas a las tareas a realizar, que es válido concluir que la contratación no obedeció a una descripción precisa del cargo, como tampoco a requisitos objetivos y conducentes para desempeñarlo, sino que más bien a una designación "a dedo", las que suelen beneficiar a sacrificados partidarios.

Pero no todos son amigos, correligionarios y parientes, sino que la gran mayoría es gente de trabajo. De hecho, es frecuente que sean personas que de verdad trabajan mucho, que van desde profesionales a personal de servicios de apoyo, y que por largo tiempo han estado en un determinado servicio público, pero en una situación de precariedad laboral. Y hemos tomado nota de que son muchos más de lo imaginado.

¿Acaso las plantas de personal están mal diseñadas o no son suficientes? A veces sí, pero otras veces esconden un problema estructural del servicio público nacional: los funcionarios de planta gozan de una casi total inamovilidad y, por lo tanto, no tienen incentivo para trabajar con efectividad. Esto obliga a recurrir a una "planta paralela" de trabajadores que se mantienen en situación inestable para poder cumplir con los cometidos del servicio. La transparencia nos pone aquí no ante casos de corrupción, sino de ineficiencia, que nos afecta a todos, y de injusticia para los que auténticamente hacen la pega.

Otro aspecto en el cual hay que fijar la vista son las asesorías a suma alzada, los consabidos "informes" de dudosa utilidad y cuyos valores no se pueden contrastar con nada, entre otras cosas, porque no se licitan. Tópicos como imagen institucional o análisis de realidades de otras latitudes son indicadores de algo raro; es decir, de una forma de pasarle plata a alguien. La plata de sus impuestos.

Estamos asistiendo a un gran ejercicio de transparencia, que permite elucubrar donde están el despilfarro, el abuso y la ineficiencia. Pero nada sacamos si nos quedamos en la copucha y no se pasa a la acción. Los datos publicados debieran ser el punto de partida de una poderosa corriente para reformar el aparato estatal y exigir eficiencia, resultados y rendición de cuentas.