El impuesto al tabaco causa daño a la salud

Apr. 24 , 2010

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El gobierno ha planteado finalmente su anunciado plan de reconstrucción, que contiene un paquete tributario que persigue lograr mayor recaudación para enfrentar los daños de la catástrofe "27F". Entre tales medidas, está el incremento del impuesto al tabaco, del 60,4% al 67% del valor de venta de la cajetilla, tratándose de cigarrillos.

Al combinar dicho gravamen con el IVA, ahora los impuestos al consumo representarán aproximadamente el 84% del valor de la cajetilla.
Fumar causa grave daño a la salud y eso hoy no lo niega nadie. Al menos, cuando tiene un carácter de vicio, que es la realidad de la gran mayoría de las personas en nuestro país que son consumidoras de cigarrillos. De hecho, Chile no tiene las mejores estadísticas en esta materia. Por lo mismo, todas las acciones de política pública de salud debieran estar encaminadas a disminuir el consumo o bien a minimizar sus efectos más dañinos. En este sentido, la aplicación de tributos al tabaco tendría como fin cobrar las externalidades negativas -como los mayores gastos en salud- que provoca el fumador, o derechamente encarecer el producto para que disminuya su demanda.

Sin embargo, la iniciativa legislativa que aumenta el impuesto al tabaco tiene una inspiración distinta: ha sido anunciada con el preciso objeto de obtener mayor recaudación, hasta unos US$ 994 millones en cuatro años. De esta manera, el Estado falta a sus deberes fundamentales, porque no ocupa la herramienta tributaria con un fin de salud pública, sino que con un objetivo meramente fiscal. De hecho, el incremento prueba que a la autoridad le consta que el mayor impuesto no incide negativamente el consumo, porque de otra manera no lo usaría como un medio de mayor recaudación. Sabe, por el contrario, que la demanda es inelástica y que se mantiene constante ante el mayor gravamen; o al menos, que su caída deja un saldo positivo, no despreciable. En suma, que el gobierno necesita que la gente siga fumando igual, para conseguir más recursos.

Esto no es novedad, porque dicho impuesto se ha utilizado en los últimos 20 años sólo como una forma de recaudar y nunca ha tenido un fin de salud pública. Se habla de gravar preferentemente un "mal", pero no para neutralizarlo, sino que para rentar de él. Cambiar esta lógica es indispensable, porque de lo contrario las estadísticas de consumo y efectos perjudiciales en la salud de la población seguirán empeorando.

Abordar el problema con una lógica de política pública exige revisar la formulación actual del impuesto, no subirlo. Al ser un tributo que se aplica como un porcentaje del precio, se incentiva que las personas consuman productos de tabaco que sean más baratos -como una forma de disminuir su costo-, que por lógica son más dañinos para la salud. Por el contrario, si fuera un tributo de un monto fijo por unidad consumida, mientras mayor fuera la calidad del producto, sería más barato en términos relativos (aunque el precio final fuere más alto), lo que incentivaría que la gente fume menos pero mejor. En otras palabras, es posible que una modificación en el impuesto determine el cambio de hábitos hacia modalidades de consumo que sean menos dañinas para la salud, aunque sea en el margen. El monto de un impuesto fijo debiera establecerse en un valor que no afecte la recaudación.

Otro factor cuestionable es que el hecho gravado sea el consumo de tabaco en cualquiera de sus formas y no de aquel que es combustible, esto es, que no se oriente a gravar a los que fuman, que es la forma más dañina de consumirlo. Fumar provoca adicción por el consumo de nicotina y la industria tabacalera ha desarrollado productos que permiten su absorción por modalidades distintas de la combustión, que son menos nocivas. Por ello, debieran tener una tributación diferente, que privilegie su uso frente a la alternativa de fumar.

Finalmente, incrementar el impuesto actual es un incentivo directo al clandestinaje y al contrabando, porque ahorrarse el impuesto resulta cada vez más rentable. Cifras de la industria señalan que desde la última alza en 1999, los cigarrillos de origen irregular crecieron en el mercado del 2% al 8%. Productos de origen oscuro presentan un mayor riesgo para la salud, porque no es posible comprobar que cumplen con la composición y estándares sanitarios fijados por la autoridad.