"Transparencia: ¿Está listo el Estado?", por Cristóbal Tello
Mar. 05 , 2009
El 20 de abril próximo entrará en vigencia la Ley sobre Acceso a la Información Pública, una de las leyes claves en materia de transparencia. No obstante su trascendencia, el Estado chileno ha contado con un muy breve plazo para preparar su implementación. Experiencias similares en Inglaterra o México otorgaron al aparato público varios años para la puesta en marcha de esta normativa. En cambio, en Chile, sólo se ha contado con ocho meses para iniciar su aplicación.
Dado el breve plazo disponible, era esperable que la difusión y preparación para implementar esta trascendental normativa hubiese sido una alta prioridad pública. Sin embargo, retrasos en aspectos claves de esta nueva institucionalidad han generado una justificada inquietud respecto de la real capacidad que tendrá el Estado para enfrentar este desafío.
En el ámbito normativo, por ejemplo, el gobierno recién anunció esta semana el envío a la Contraloría del reglamento de la ley. Se trata de un conjunto de normas esenciales para dar operatividad y delimitar los alcances de la Ley de Acceso a la Información y es un requisito indispensable para dar inicio a su implementación en los plazos estipulados.
Por ello, no es comprensible que, a menos de dos meses de la entrada en vigencia de esta nueva institucionalidad, este reglamento todavía no esté aprobado.
En el ámbito institucional, el Consejo de la Transparencia, órgano estructurante de esta nueva institucionalidad, ha debido correr contra el tiempo para su instalación dentro del plazo previsto. Con recursos limitados, personal recién contratado a partir del mes pasado y definiendo aún sus propios estatutos de funcionamiento, el consejo deberá estar en condiciones de asumir plenamente sus roles el 20 de abril. Sin embargo, este esfuerzo de instalación de su propia organización le ha impedido asumir un rol activo en la preparación del resto de la institucionalidad pública.
En el área de la gestión, no se advierte la existencia de avances suficientes en la difusión y capacitación de esta nueva institucionalidad. El gobierno ha priorizado el cumplimiento de las exigencias de transparencia activa de esta ley, esto es, de la información que a partir del 20 de abril deberá estar permanentemente disponible en los sitios web de las reparticiones del Estado.
Pero el área clave de esta ley será el de transparencia pasiva, es decir, en la forma en que los distintos servicios públicos darán respuesta a la solicitudes de información que hagamos los ciudadanos. Ello implica mejorar los sistemas de archivo y de organización de la información en el Estado, tal como lo ha anunciado el gobierno. Pero por sobre todo, requiere permear la actual cultura del secretismo que todavía prevalece en el sector público con una nueva cultura de la transparencia.
Por ello, resultan preocupantes los escasos esfuerzos desarrollados, hasta ahora, en la difusión de esta nueva institucionalidad al interior del sector público y en la capacitación de los funcionarios públicos claves para su implementación. Mientras ellos no adhieran a los principios de transparencia y publicidad, las nuevas exigencias legales serán vistas como una carga burocrática adicional y, lo que es más preocupante, como una amenaza.
De esta forma, es urgente avanzar decididamente en la promoción de esta nueva normativa en el ámbito público para sumar activamente a los funcionarios públicos en la construcción de una cultura pública de transparencia.
Cristóbal Tello
Director Ejecutivo
Chile Transparente
