Un amigo artista me envió recientemente un correo electrónico en el que se hacía notar con escándalo los enormes montos que los gobiernos de países desarrollados están desembolsando para solucionar la crisis financiera global que nos aflige. El mensaje planteaba que sería mejor repartir esos recursos entre los pobres del mundo. Le dije que no se supera la pobreza repartiendo dinero una vez, sino que debemos preocuparnos del empleo, la productividad, la educación, la innovación y otras cosas complicadas.

Con todo, la transferencia de miles de millones de dólares genera una gran impresión; es necesaria para que las instituciones financieras en crisis sean recapitalizadas y se restablezca la confianza, pues sin ella la crisis global se haría más profunda y duradera. Los recursos que apoyan a las instituciones financieras intentan restablecer el flujo de crédito y evitar que éstas quiebren arrastrando a los depositantes. De suceder esto, el sistema de pagos se trancaría, la confianza ya resentida desaparecería y, con ello, el crédito y la actividad económica global, que ya están cayendo, colapsarían, perjudicándonos a todos (pero más que nadie a los pobres, que no cuentan con reservas ni activos, y son mucho más susceptibles a sufrir el desempleo).
 
Entiendo la indignación de mi amigo al ver los enormes costos que deben enfrentar los Estados de las principales economías del mundo, pero su enojo debe dirigirse a quienes causaron el descalabro, no a los que están haciendo esfuerzos para limitar sus consecuencias.

Primeros en la lista de acusados son los ejecutivos y directores de las instituciones financieras que están colapsando, quienes llevaron adelante políticas erradas, tomaron grandes riesgos ocultándolos de sus acreedores y de los reguladores. Ellos fundieron a sus instituciones y, para colmo, algunos arrancaron llevándose un buen botín en forma de indemnizaciones millonarias, a las que en justicia no tenían derecho dados los verdaderos resultados de su gestión.

Segundos en la lista de acusados son los reguladores financieros de Estados Unidos y Europa, que tenían la obligación de supervisar al sistema financiero, monitorear sus riesgos y actuar oportunamente forzando acciones correctivas en las instituciones en problemas. Las autoridades políticas que les quitaron piso a los supervisores activos, o que mantuvieron en su cargo a reguladores ineptos  o que no tenían la voluntad para actuar, también tienen una amplia culpa en la generación de la crisis financiera.

Terceros en el listado de responsables están los ideólogos de la desregulación financiera a ultranza, que impulsaron un sistema financiero sin supervisión ni obligación de transparencia; los que reniegan del bien público "estabilidad financiera", sosteniendo que todas las regulaciones son inefectivas o inútiles. A ellos también les cabe una importante cuota de responsabilidad moral en el actual descalabro. 

Ninguno de los culpables se hará cargo de los costos de esta crisis y son las sociedades directamente afectadas las que tendrán que generar los recursos para superarla, con deudas que tendrán que pagar las generaciones futuras. Es de esperar que la experiencia sirva de lección: la única verdadera solución para una crisis es prevenirla, evitando el riesgo excesivo o la falta de capital para enfrentarlo, la opacidad financiera que lo oculta y el exceso de gasto privado que resulta del mismo.

Guillermo Le Fort V.
Doctor en Economía, socio de LE&F