"Nuevo trato" en educación superior, por José Joaquín Brunner

Feb. 13 , 2009

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El "nuevo trato" que algunas universidades estatales reclaman del gobierno, y al cual se refiere críticamente un editorial de La Tercera, es, a no dudar, una mala idea de política pública. En vez de hacerse cargo de las dificultades del financiamiento de la educación superior en su conjunto, se limita a reivindicar un mayor aporte para una categoría de universidades sin más fundamento que el hecho de ser estatales. Más aún, se propone que dicho incremento presupuestal sea asegurado por ley, es decir, sin vinculación con el mejor o peor desempeño de las instituciones favorecidas con este subsidio. No es este el enfoque más conveniente en un sistema de provisión mixta como el nuestro.
Por lo pronto, la principal cuestión no es cómo incrementar el subsidio a una de sus partes, sino cómo asegurar la sustentabilidad económica del sistema como un todo a mediano plazo. ¿Y cuál es, en concreto, el mayor problema de sustentabilidad del sistema en el mediano plazo? Su alta y desproporcionada dependencia del financiamiento de los hogares (familias y los propios estudiantes) y, enseguida, la exigua contribución del Estado que, medida como porcentaje del PIB, ha alcanzado su punto más bajo de los últimos 60 años. Este desbalance tenderá a agravarse ahora por la crisis que amenaza a la economía doméstica chilena y, a mediano plazo, porque la mayoría de los nuevos estudiantes provendrá, en el futuro, de hogares pertenecientes al 40% de menores ingresos, los cuales deberán contar con apoyo público para realizar sus estudios superiores.
Por tanto, la solución parece evidente: el Estado necesita aumentar su contribución a la educación superior. Primero que todo, ampliando los recursos destinados a financiar créditos y becas para los alumnos de menores recursos, independientemente del tipo de universidades en que ellos se inscriban, a condición de que éstas se hallen acreditadas.
A continuación, el Estado debe invertir más en el desarrollo de capacidades institucionales y de investigación científica y tecnológica a través de fondos concursables abiertos a todas las universidades acreditadas, y no sólo para aquellas pertenecientes al Consejo de Rectores. Lo importante es que estos recursos se asignen según la calidad y relevancia de los proyectos y la efectividad y eficiencia en el uso de los recursos solicitados.
En tercer lugar, el Estado debería financiar competitivamente ciertos programas de formación de capital humano avanzado en áreas o líneas prioritarias para el desarrollo del país. Por ejemplo, las vinculadas a los clusters con mayor potencial de innovación, donde las universidades acreditadas participarían sin discriminación de ninguna especie y obtendrían los recursos en el mérito de las condiciones más ventajosas de sus propuestas.
Por último, todas las instituciones acreditadas deberían poder optar a un financiamiento de tipo institucional, del estilo del actual aporte fiscal directo. Pero debe ser mediante un contrato de desempeño que fije los objetivos y metas que dichos recursos contribuirían a financiar y los indicadores a ser utilizados para medir su cumplimiento.
En la implementación de una política como la aquí esbozada, el gobierno necesitaría proceder con rigor, vinculando el incremento de la financiación pública a las universidades con la estricta observancia por parte de éstas de un estatuto de obligaciones de informar, a una rendición de cuentas clara y transparente y a un mejoramiento en la eficiencia de la utilización de dichos recursos.
Esta política sí podría dar lugar a un nuevo trato de la educación superior.

José Joaquín Brunner
Director del Centro Políticas Comparadas de Educación, UDP