"Nuevamente las empresas públicas", por Patricio Arrau
Jan. 04 , 2009
Con cierta frecuencia emergen debates y controversias asociadas a las empresas públicas. Recientemente, renunció el gerente general de Enap por aparentes desavenencias con el Ministerio de Hacienda ante cuantiosas pérdidas de la petrolera. En otra ocasión, el presidente del Metro renunció al oponerse a la decisión del gobierno para que desembolsara un crédito transitorio al Administrador Financiero del Transantiago.
Antes de eso, la mayoría del directorio de Empresa Portuaria Talcahuano dimitió al oponerse a la instrucción del presidente del SEP para que abortara un avanzado proceso de licitación portuaria, siendo este último su mandato legal. Las denuncias en contra de Codelco de favorecer a determinados políticos o partido en sus contratos de honorarios reflotan con cierto oportunismo y periodicidad. Hace muchos años, el directorio de Zofri S.A. demandó al Estado, su propio controlador mayoritario.
La reciente propuesta de capitalización de BancoEstado genera dudas y sospechas en la oposición política y la propia banca privada, pues se interpreta como una intervención del gobierno para usar al banco de brazo crediticio y relajar la actual contracción de crédito bancario.
Detrás de cada una de estas historias y fricciones en la administración de empresas públicas existen explicaciones distintas, pero todas tienen en común al menos una de las tres siguientes causas. En primer lugar, en muchos casos existe una falla de origen con mandatos legales confusos y en ocasiones contradictorios. En segundo lugar, es muy común que la empresa tenga un gobierno corporativo deficiente. En tercer lugar, en muchos casos se trata de que el gobierno no tiene los instrumentos directos para resolver una determinada situación, con frecuencia de tipo crediticio, y emplea las empresas públicas para abordar un determinado problema.
El mandato legal confuso y contradictorio es bastante común, con la superposición de leyes específicas, la ley de administración financiera del Estado y la ley de sociedades anónimas. Cuando esta última se encuentra presente, la experiencia indica que ayuda a explicitar y transparentar las contradicciones, puesto que los directores se sienten presionados por la exposición de su patrimonio personal. Afinar y revisar mandatos legales contradictorios es una tarea permanente y compleja.
Sin embargo, el camino para mejorar la administración es sencillo. El gobierno corporativo que está probado como el mejor sistema es la ley de sociedades anónimas con acciones en bolsa para el mejor control externo del mercado. Sólo existe en Zofri S.A. y las empresas sanitarias, donde el Estado es socio minoritario. Los puertos de mayor tamaño están listos para engrosar esta lista, con más de 10 años sujetos a ley de sociedades anónimas y porque son una buena fuente de utilidades para el Fisco. Convertirlos en sociedades anónimas y colocar entre el 20 ó 30% de sus acciones en bolsa, los hará más eficientes y menos expuestos a presiones.
El tercer punto en discordia dice relación con la intervención del gobierno en situaciones de orden crediticio, como los casos de Metro y BancoEstado. Aquí el problema ocurre porque Hacienda carece de necesarios y legítimos instrumentos de política crediticia. En subsidio, una solución transitoria es la capitalización de BancoEstado, siempre que los recursos no vayan a las grandes empresas. Se requiere de una nueva institución crediticia y de garantías, una Corfo 2.0, legitimada ante el público, que sea un directo instrumento de política pública y que dé plena cuenta al contribuyente, con total apertura de información.
Patricio Arrau
Doctor en Economía de la U. de Pennsylvania y consejero Giro País
