"Incentivo para la calidad académica", por Juan Manuel Zolezzi
Jan. 06 , 2009
El acuerdo firmado entre el Consorcio de Universidades del Estado y el gobierno para incentivar el retiro de académicos y funcionarios -tema que aborda el editorial de La Tercera del viernes pasado- ha causado algunas controversias. A mi entender, no se ha comprendido el impacto que dicho acuerdo tendrá en el mejoramiento de la calidad de la educación en las universidades estatales y, por consiguiente, en el sistema de educación superior del país.
El acuerdo establece el pago de un beneficio de 935 UF, con fondos del Estado, a académicos en edad de jubilar que estén cotizando en una AFP. Este monto permitirá compensar, en parte, el monto de su jubilación, debido a que, por más de 20 años, el Estado no cotizó por el total de sus remuneraciones.
Alrededor de 2.600 profesores recibirán este beneficio junto con 11 sueldos con cargo al presupuesto de las universidades. Para ello se les autorizará, por ley, a contraer empréstitos con la banca privada. Este proceso se realizará acorde a la ley, siendo monitoreado por la Contraloría General de la República, tal como ocurre con todas las actividades de las universidades del Estado de Chile.
Este proceso no afectará la calidad y la excelencia académica. Por el contrario. Los profesores de excelencia que se acojan al beneficio podrán ser recontratados por 12 horas, y los investigadores de alto nivel podrán optar a media jornada, en la misma universidad. El reemplazo se realizará prioritariamente con académicos del más alto nivel. Esto es, con capital humano ya formado o actualmente en formación en universidades de alto prestigio y que, particularmente en el caso de chilenos, no tienen hoy día dónde entregar su contribución al desarrollo del país.
Este acuerdo no tiene sesgo alguno. El Estado tiene que discriminar y focalizarse en aquellas áreas que estima prioritarias y no puede ser distinto con sus universidades. Las universidades privadas pueden hacer las inversiones que estimen convenientes. Entonces, ¿por qué el Estado de Chile, dueño de las universidades estatales, no puede destinar los recursos que se requieran para mejorar su funcionamiento, desempeño y calidad?
Otro tema en debate es la inamovilidad en los cargos académicos, situación no efectiva, ya que las universidades pueden reestructurar las plantas académicas cuando lo estimen necesario, tal como ocurrió en la Universidad de Santiago en octubre de 2007 en el Departamento de Educación. Además, la mayoría de las universidades del Estado está aplicando mecanismos de evaluación del desempeño académico, los que pueden determinar la salida de un académico si su calificación de desempeño es deficiente.
La legislación vigente no faculta a las universidades estatales a incentivar el retiro de ninguno de sus funcionarios, ni tampoco les permite hacer provisiones financieras para dichos efectos. Por lo tanto, suponer que estas instituciones disponen de recursos para estos fines y puedan reasignarlos a otras inversiones, no se ajusta la realidad.
Las universidades estatales tienen todas las limitantes de los organismos de la administración pública, lo que va en desmedro de una competencia equitativa con las restantes instituciones privadas, aun cuando algunas de ellas reciben aportes del Estado equivalentes.
Este acuerdo y futuro proyecto de ley contribuirá a resolver diversas dificultades que tiene la educación superior del país, contribuyendo con la renovación de los cuadros académicos a alcanzar las metas que el país se ha fijado en los ámbitos de ciencia, tecnología, innovación y desarrollo.
Juan Manuel Zolezzi
Presidente del Consorcio de Universidades del Estado de Chile
