"El poder de la izquierda jurídica", por José Francisco García

Jan. 21 , 2009

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Solemos pensar que las decisiones colectivas más relevantes son tomadas en el Congreso, a través de leyes que deben ajustarse a la Constitución. El Presidente las ejecuta, los jueces las interpretan. Con todo, en los últimos años la izquierda jurídica chilena está aprendiendo a utilizar el poder de los jueces para implementar las reformas sociales que la izquierda política no consigue en el Congreso.

Este fenómeno demuestra la histórica deferencia del Poder Judicial con el gobierno de turno, como asimismo el que todo activismo judicial siempre es contrario al proceso de deliberación democrática.

Si bien izquierda jurídica es un concepto dificil de precisar, representa el esfuerzo no concertado, todavía, de un conjunto de académicos, jueces, centros de estudios, funcionarios gubernamentales, clínicas jurídicas y ONG por utilizar al Poder Judicial, sobre la base de litigios constitucionales y legales, para avanzar una agenda de reforma social, redistribución de derechos y mayor intervencion del Estado en la sociedad y economía.

Las diferencias con la derecha jurídica no sólo son doctrinarias (por ejemplo, el rol del individuo y el Estado en la sociedad), sino que se relacionan con el rol del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional (TC) en el proceso político, los modelos de interpretación de la Constitución y las leyes, y los mecanismos para asegurar los derechos fundamentales. La conformación actual del TC muestra estas dos visiones.

Este esfuerzo está dando frutos. Chile está siendo imperceptiblemente reconstruido sobre la base de pequeñas batallas judiciales.
A nivel de Poder Judicial, encontramos diversos fallos de la Corte Suprema en materia penal que han construido tesis y aplicado el derecho internacional, de manera francamente "creativa".

En el contexto de la Reforma Procesal Penal, los jueces "garantistas" interpretan normas procesales pro-imputado porque la delincuencia es culpa "de los altos precios en las vitrinas", y se han opuesto al envío de un condenado a la carcel porque ésta "no lo rehabilitará". Existe un verdadero monopolio doctrinario en la formación de las nuevas instituciones de la reforma.
Aello se suman las clínicas jurídicas y la litigación de "interés público" que, mediante la construcción estratégica de casos, han encontrado en la Corte Interamericana de DDHH la instancia perfecta para avanzar su agenda. Esta corte no tiene el prestigio, la consistencia, la accountability ni el soporte democrático de la Corte Europea de DDHH, su pretendido modelo.

En materia constitucional se ha buscado cuestionar la legitimidad del TC y en la Propuesta Frei de reformas constitucionales se busca extender y judicializar los denominados derechos económicos y sociales, derechos que ya comienzan a consolidarse gracias a la jurisprudencia, incluida la del TC.

Mientras tanto, y salvo contadas excepciones, la derecha jurídica parece descansar en que el diseño constitucional sigue operando, con piloto automático, como dique de contención ante esta embestida. Lamentablemente, no se ha dado cuenta que aspectos básicos de la Constitución (orden público económico, reserva legal, estatuto de la propiedad, subsidiariedad) ya han sido modificados por los jueces, vaciando su contenido o reemplazándolos por otros.

Parece paradójico que, estando la derecha política tan cerca de lograr la alternancia en el poder, se encuentre ante una democracia crecientemente construida judicialmente y alimentada desde la izquierda jurídica. Las reglas del proceso político están cambiando.

José Francisco García

Profesor de Derecho Universidad del Desarrollo