"Educación en problemas", por Juan Braun

Jan. 05 , 2009

1 Comments

Por estos días se da la tradicional discusión a propósito de los resultados de una evaluación escolar. Esta vez es la PSU. El objetivo de cualquier evaluación es producir un ranking para efectuar una selección. Que dos pruebas produzcan una dispersión distinta, como es el caso entre la PSU y la antigua PAA, es obvio. El éxito de un test pasa por la exactitud con que mide las diferencias reales en lo que uno quiere medir. Nadie ha argumentado que la PSU mida mejor o peor la desigualdad. Esto es sólo otro indicio de lo que ya sabemos: el sistema público tiene un problema grave.

Los profesores explican el grueso de la diferencia en el aprendizaje. Esto significa que las otras explicaciones son secundarias: el nivel socioeconómico de los alumnos, la más importante entre éstas;  bibliotecas; libros de texto e infraestructura. Internet hace que estas variables sean cada vez menos relevantes. La tragedia es que, salvo excepciones, los profesores no están preparados pedagógicamente ni tienen los conocimientos necesarios. Esto sucede especialmente, pero no únicamente, en el sector público. Hay un problema grave en la preparación de los profesores.

En los últimos años se ha privilegiado la inversión en infraestructura. Esto perpetúa la vergonzosa distribución del ingreso. Parte importante de la explicación está relacionada con la rigidez de la administración, en particular el estatuto docente. El estado de la educación escolar se puede resumir de la siguiente manera: el nivel de los colegios (municipales, subvencionados y particulares) es más o menos el mismo, el cual podría ser satisfactorio. Sin embargo, el 10% de los mejores colegios en Chile está bajo la media mundial.

Hace ya algunos días se conoció la Ley de Fortalecimiento de la Educación Pública, que propone terminar con la dependencia municipal de las escuelas. Es claro que la municipalización tanto de los servicios de salud como los de educación no tuvo un resultado feliz.
Los colegios, ciertamente, operan en un ambiente tremendamente complejo, en que la información es crucial, pero escasa, en que las decisiones no las toma el principal afectado (estudiante) y donde las decisiones actuales tienen consecuencias cruciales para el futuro. Es por esto que nadie duda de que la educación requiera de una regulación.

Los establecimientos educacionales tienen una característica especial: los programas, los contenidos, la propuesta pedagógica y la evaluación son recursos cuyo uso no se agota en un colegio y pueden ser usados por varios al mismo tiempo. La capacitación continua de los profesores, el combate al ausentismo y la rotación también tienen economías de escala. Lo anterior define la estructura que deberían tener los colegios: un conjunto de establecimientos con una administración central, sujeta a regulaciones eficientes y, lo más importante, con un área pedagógica compartida.

El esquema que propone la nueva ley es de una corporación a cargo de los establecimientos. Cada corporación incluye básicamente a los mismos colegios que administraban las municipalidades, pero serían autónomas, tendrían el personal adecuado. La operación privada es una extensión natural de este concepto.

Pero el estatuto docente nuevamente queda intocado. ¿Por qué no se elimina de una vez compensando a los afectados?
Con todo, en resumen y mirado con el beneficio de la duda, el proyecto es un avance.

Juan Braun
Doctor Economía U. de Harvard