"Barbaridades telefónicas", por Alberto Mordojovich

Feb. 11 , 2009

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Cada cierto tiempo el sector de las telecomunicaciones sufre cambios regulatorios importantes que desafían al mejor analista y que imponen drásticas modificaciones en la repartición de la torta de ingresos. Este escenario perjudica la toma de decisiones de inversión de las empresas, porque éstas perciben una suerte de improvisación y descoordinación normativa que afecta el desarrollo de sus negocios.
Las actuaciones recientes de la Subtel, la Fiscalía Nacional Económica, el Tribunal de la Libre Competencia y la Corte Suprema han resultado desconcertantes para todos. En otras palabras, Chile no tiene una política coherente de desarrollo del sector. Cuando son los tribunales los que deben decidir quiénes pueden participar en qué negocios, qué precios hay que fijar y cuáles liberar, entonces hay algo que dejó de funcionar correctamente en la dinámica sectorial. Se ha hecho patente la ausencia de liderazgo del gobierno en su desarrollo.
Los efectos del abandono están a la vista: en 2008 las conexiones de banda ancha crecieron tan sólo un 10%, habiéndolo hecho en 45% durante el 2006 y en 28% en el 2007. El precio de acceso a internet sigue siendo la principal barrera para que tres de cada cuatro familias chilenas aún no puedan disponer de este servicio básico del siglo XXI. La venta atada de banda ancha a la compra de telefonía, que impone la empresa dominante en el mercado local, sube el precio innecesariamente para quien demande sólo este servicio.
Por otra parte, la Subtel se ha negado obstinadamente a "desagregar" las redes de Telefónica, a pesar de que esta empresa reconoce tener más de un millón y medio de pares de cobre desocupados -que podrían ser activados por otras empresas dispuestas a invertir en ellos- y a pesar de que las autoridades antimonopolios lo han recomendado en reiteradas oportunidades desde 1998. El reciente fallo del Tribunal de Defensa de la Libre Competancia, que libera los precios a público de la empresa española, insiste nuevamente, y con vehemencia, en fomentar la competencia mediante la desagregación efectiva de sus redes.
¿Qué es desagregación? Pues es la obligación que debiera tener Telefónica de abrir sus centrales para que otras empresas del sector instalen allí sus equipos y puedan competir con ella en la provisión de servicios a los clientes conectados a estas centrales. Esto no significa una expropiación, porque estas empresas pagan un arriendo por el uso de dichos bienes y servicios. Tampoco es una violación del principio de propiedad, porque los pares de cobre no están en el patio de las centrales, sino en la vía pública. Así lo han entendido todos los países desarrollados que cuentan con esta regulación vital, entre ellos, España, que como miembro de la Unión Europea estuvo obligada a desagregar a Telefónica.
Si usted, señor lector, viviera en Londres, donde el regulador ha desagregado ya al operador tradicional, entonces dispondría de al menos 10 oferentes distintos de internet de banda ancha usando los pares de cobre originalmente instalados por British Telecom.
Por ejemplo, podría contratar un acceso de 8 Mbps con O2, filial de Telefónica, por la módica suma de 7,34 libras esterlinas por mes ($ 6.660). En Chile, lo más económico que ofrece esta misma empresa es un plan de 600 Kbps, atado a la compra de 350 minutos de telefonía local, por $ 23.390.
¿Por qué la misma empresa juega un partido diferente de local que de visita? La respuesta es muy sencilla: en Inglaterra hay competencia y en Chile no la hay. De esta forma, el gobierno nos debe una urgente explicación. 

Alberto Mordojovich
Gerente general de Magenta y RedVoiss