Retiro voluntario de docentes en universidades estatales
Jan. 02 , 2009
Amediados de diciembre el Ministerio de Educación firmó un acuerdo con el Consorcio de Universidades del Estado de Chile, que selló el compromiso del gobierno para enviar al Congreso un proyecto de ley que otorgue incentivos para el retiro voluntario de los académicos que se desempeñen en dichas instituciones y que cumplan con los requisitos para optar a la jubilación.
La iniciativa busca corregir un efecto negativo de una de las rigideces que arrastra desde hace años la educación superior estatal y que se ha transformado en un obstáculo para mejorar la calidad de su docencia: la inamovilidad de sus académicos de planta.
Desde este punto de vista la medida es bienvenida, pero debe ser complementada con un cambio permanente en esa rigidez para lograr avances consistentes en el tiempo.
Tanto el gobierno como las universidades firmantes pretenden que las instituciones estatales cuenten con una herramienta para renovar sus cuadros académicos en forma periódica y de acuerdo a sus necesidades, para así abrir cupos e incluir a profesores que potencien la calidad de la enseñanza y la investigación.
El acuerdo establece una bonificación que podría beneficiar, en caso de acogerse al incentivo, a más de cuatro mil personas -entre académicos y funcionarios- y será equivalente a un mes de remuneraciones por cada año de servicio, con tope de 11 meses. Además, para los que coticen en AFP, habrá un bono especial de 395 UF destinado al personal no académico y 935 UF para los profesionales administrativos.
Sin embargo, el cambio de fondo debería ser que la permanencia de los académicos en sus cargos esté asociada a la evaluación de su desempeño, lo que no tiene que ver con la edad o la antigüedad en el cargo, sino con la aplicación de estándares de excelencia.
Como hoy los académicos gozan de inamovilidad, en la transición hacia un esquema como el señalado puede ser necesario contar con fondos que permitan el retiro de aquellos docentes mal evaluados. Pero es indispensable que quienes ingresen en su reemplazo no gocen de esa inamovilidad.
En el proyecto, además, deberían acotarse los límites para evitar que se produzca un fenómeno que podría llegar a afectar la calidad de los cuadros docentes.
Aunque el acuerdo establece que quienes se acojan al retiro voluntario no podrán ser contratados en un plantel estatal por cinco años -a menos que reintegren el beneficio-, lo cierto es que algunos profesores, conscientes de su prestigio académico, podrían acogerse a esta iniciativa para buscar otro empleo.
A su vez, los profesores que se sientan más inseguros de sus capacidades y/o tengan menos alternativas en el mercado laboral tendrían razones para no acogerse al retiro voluntario, pues no sería fácil para ellos reubicarse.
La medida, en ese sentido, podría funcionar como un incentivo perverso que haga perder académicos destacados en los establecimientos estatales y, a la larga, provocar una merma en la calidad de la enseñanza, justo al revés de lo que se busca.
Por otra parte, en la iniciativa asoma un sesgo discriminatorio, al entregar el Estado recursos a establecimientos públicos en desmedro de las instituciones privadas. Desde que se realizó el proceso de acreditación de las universidades, se entendió que el Estado no intervendría con decisiones o subsidios que puedan aparecer como discriminatorias ante quienes han cumplido los estándares exigidos.
En este sentido, la nueva propuesta es un mal precedente, porque las universidades beneficiadas pueden redestinar fondos que habrían asignado para estos retiros a otras inversiones, las que no competirían en prioridad con el resto del mundo universitario.
Así, aunque el objetivo del retiro voluntario es loable, en tanto apunta a una necesaria renovación del staff académico, su implementación debería ser precedida por cambios de fondo en la gestión académica de las universidades estatales.
