Renuncias en la Conama y política medioambiental
Mar. 10 , 2009
La semana pasada tres renuncias sacudieron a la institucionalidad medioambiental del país. El lunes, el gerente del Aire de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama) presentó su dimisión a sólo dos meses de haber asumido, justificando su decisión en la falta de recursos para mejorar el sistema predictivo de la calidad del aire y el escaso apoyo que dijo haber recibido de otras autoridades del organismo. Días después, el director de la Conama de la Región Metropolitana y el ex jefe de Control de Contaminación de la misma repartición también abandonaron sus cargos.
Estas dimisiones ilustran en forma palmaria el tipo de descoordinación interna que hace virtualmente imposible desarrollar una gestión medioambiental eficaz y de largo plazo; al menos una que tenga metas claras y un programa de ejecución que permita su evaluación periódica y conforme a criterios técnicos.
En esta materia, la tendencia ha sido a discutir la conveniencia de crear más instituciones a cargo del problema -como la idea de un ministerio o una superintendencia- o bien nuevos cargos dentro de las estructuras burocráticas que ya existen, más que revisar la eficacia de las existentes.
La consecuencia de esta debilidad institucional es que se han sucedido múltiples compromisos -del estilo "no más preemergencias"-, así como numerosas propuestas para cumplir con ellos, pero no se han obtenido los resultados esperados.
Así, la ministra de Medio Ambiente fue explícita cuando dijo en diciembre pasado, al presentar al nuevo gerente del Aire -cargo que se creó para enfrentar los problemas en la calidad del aire capitalino en 2008-, que éste tendría atribuciones "ejecutivas". Pese a eso, el director de la Conama, al anunciar la dimisión del funcionario, explicó que su rango había sido de "asesor", no de "gerente", y que no poseía facultades más allá de ese ámbito.
Estas diferencias abren espacio a un legítimo cuestionamiento sobre la real utilidad del cargo y si las razones para crearlo no tuvieron más que ver con una reacción puntual y visible ante la demanda ciudadana por más acción ejecutiva en el tema de la contaminación.
Este tipo de episodios erosionan la confianza pública en la capacidad de las autoridades para enfrentar el problema de la polución atmosférica, más allá de reacciones coyunturales ante episodios críticos. De hecho, como informó este medio el pasado sábado, de 10 medidas propuestas por la propia autoridad para reducir los niveles de contaminación, sólo dos se han implementado satisfactoriamente; el resto sigue pendiente.
Los efectos de esta aparente falta de norte en la acción gubernamental se harán patentes, una vez más, cuando llegue el otoño: este año, según documentos de trabajo del Ministerio de Salud dados a conocer por un senador PPD, Santiago presentará condiciones de ventilación que pueden causar un empeoramiento de la calidad del aire (con el riesgo de que las enfermedades respiratorias superen los niveles críticos observados en 2001 y 2004).
Una política pública consistente en materia ambiental requiere de leyes y normas que establezcan un marco claro, pero al mismo tiempo una autoridad responsable, con atribuciones y límites conocidos. Esta última condición no está siendo cumplida en Chile y ello debilita seriamente los esfuerzos que se han estado realizando para mejorar los estándares ambientales de nuestras ciudades.
La ciudadanía ha estado dispuesta en años recientes a asumir los costos y limitaciones a sus derechos que suelen surgir al aplicarse las normas ambientales -restricción vehicular, restricciones a la actividad física y a procesos productivos, etc.-, pero esa disposición se socava cuando se aprecia este nivel de descoordinación y dispersión de los esfuerzos gubernativos.
Es esperable en esta oportunidad que antes de designar a los reemplazantes de las autoridades dimitidas se definan con claridad sus metas, atribuciones y dependencias, para evitar nuevas dilaciones en los resultados que son exigibles a la política ambiental.
