Reformas al voto y consistencia en sectores políticos
Jan. 17 , 2009
Una de las exigencias que la opinión pública impone a los partidos políticos y sus dirigentes es que exista consistencia entre lo que se dice y promete, y lo que se hace o ejecuta en la práctica.
Las gestiones de algunos dirigentes esta semana para postergar la discusión de las reformas que establecen la voluntariedad del voto y la inscripción automática demuestran falta de consistencia entre lo que ha sido su discurso y la forma como en la práctica están impidiendo que esos cambios se apliquen.
En los programas de los candidatos presidenciales, en las campañas y en los debates en el Congreso se suele señalar que una prioridad de nuestra democracia es incrementar la proporción de los ciudadanos que sufragan en las elecciones.
Recientemente se han aprobado en el Senado las reformas que establecen el voto voluntario y la inscripción automática, que son identificadas como dos formas de incentivar precisamente esa participación. Sin embargo, se han producido dilaciones en la tramitación de las iniciativas en la Cámara de Diputados que amenazan seriamente su aplicación en diciembre próximo.
No cabe duda que existen argumentos a favor y en contra de estos cambios, y por eso es legítima la posición de algunos partidos y parlamentarios que se han opuesto a ellos. Cosa distinta es lo que ocurre con quienes no han manifestado esos reparos y ahora simplemente se resisten a enfrentar los riesgos de perder posiciones, producto de una alteración profunda al cuerpo electoral. Este cambio supone agregar nuevos votantes y obliga a partidos y candidatos no sólo a buscar el apoyo, sino también la decisión de las personas de ir a sufragar.
A diferencia de lo que ocurre con la voluntariedad del voto, donde la aprobación de la reforma y la eliminación de las sanciones es suficiente, en el caso de la inscripción automática -que incorporaría más de 3,8 millones de personas al padrón- se requiere, además, de un conjunto de medidas legales y administrativas que la complementen.
Este requerimiento es el que había llevado al gobierno a plantear un cronograma que incluía el despacho de las reformas este mes, para que los cambios a la Ley de Votaciones y Escrutinios fueran discutidos en marzo y entraran en vigencia antes del próximo 30 de abril. Estos plazos serían los mínimos requeridos por el Servicio Electoral.
Es indispensable tener presente que estos cambios legales deben ser estudiados con gran cuidado y rigurosidad, porque la inscripción automática presenta dificultades, como la asignación de domicilio a los inscritos, y peligros, como la necesidad de contar con resguardos que eviten fraudes y errores en el padrón electoral. El apresuramiento o la improvisación no pueden poner en peligro la confiabilidad y transparencia que se reconoce al sistema electoral chileno.
Se ha señalado que las demoras estarían motivadas, a lo menos en parte, por los temores de muchos parlamentarios a los desafíos que para su reelección representarían los nuevos electores. También, que las encuestas mostrarían que entre los no inscritos habría una mayoría favorable al candidato presidencial opositor, lo que habría motivado la reticencia de sectores oficialistas.
La amenaza a las posiciones actuales es consustancial a una reforma de este tipo, y por eso resulta inaceptable que frente a ella los intereses partidistas hagan actuar a los dirigentes en una forma opuesta a los principios o propuestas que han enarbolado ante la ciudadanía.
Las declaraciones efectuadas por la Presidenta esta semana llamando a la aprobación de ambas iniciativas son una señal correcta, aun cuando en la práctica el Ejecutivo se allanó a reducir la urgencia otorgada a los proyectos en el Congreso.
Los partidos políticos y sus dirigentes deben cuidar la consistencia entre sus discursos y sus actuaciones, pues ésta es un requisito mínimo que hoy es exigido por la sociedad a cualquiera que quiera participar en la vida pública.
