Reconstrucción de Chaitén y rol del Estado
Feb. 19 , 2009
A fines de enero el titular de Interior descartó la reconstrucción de la ciudad de Chaitén en el lugar que actualmente ocupa y anunció su traslado a una localidad cercana. "Las personas pueden hacer lo que estimen conveniente. Lo que nosotros como gobierno tenemos que hacer es no invertir dinero de todos los chilenos en lugares que consideramos peligrosos", señaló.
Adoptada esa decisión, es necesario que se adopten varias definiciones sobre la forma en que se efectuará la relocalización de la población afectada y el alcance de la ayuda estatal para ello.
En primer lugar, la decisión de no refundar la ciudad en el mismo lugar parece justificada a partir de los estudios realizados, pese a las críticas y reparos de algunos residentes y de la autoridad comunal de Chaitén. Dado que el Estado tiene el deber constitucional de dar protección a la población, debe asumir la responsabilidad de fijar los criterios y condiciones para que se puedan construir asentamientos humanos y evitar daños personales y materiales previsibles. Dentro de esas consideraciones está la prohibición de habitar zonas que puedan conllevar riesgos para la población por sus características geográficas o a su exposición a catástrofes naturales, como ocurre en esta localidad.
En esta determinación del Ejecutivo, que para estos efectos encargó un estudio técnico a dos universidades, influyeron factores como la evolución del proceso eruptivo -según estudios y mapas de riesgo del Servicio Nacional de Geología y Minería el volcán aún presenta una actividad potencialmente peligrosa-, la pérdida de casi dos tercios de las edificaciones de la ciudad, además de la eventual proliferación de enfermedades pulmonares a largo plazo por las emanaciones tóxicas del volcán.
Un segundo aspecto es cómo se efectuará la asignación de los recursos para la relocalización de los habitantes. Las autoridades han señalado que el Estado podría expropiar los terrenos afectados en Chaitén, como forma de auxiliar a quienes han perdido sus bienes. También deberá determinarse la forma como esos u otros chilenos accederían a los terrenos en la nueva ciudad, cuyo costo se estima sería de $ 92 mil millones. En el caso de las personas que aún después de percibir indemnizaciones no tengan los recursos necesarios, el Estado podría socorrerlas con todo o parte de lo necesario para su traslado a la nueva ciudad y la provisión de condiciones mínimas de alojamiento, así como apoya a sectores de escasos recursos del país.
También deberá definirse si la ayuda a las familias debe estar condicionada a su traslado a la nueva ciudad o se les dejará en libertad de trasladarse a otros lugares del país. Aún teniendo presente que el gobierno ha destacado la necesidad estratégica de contar con un asentamiento en esa zona, pues permite la conectividad de la Provincia de Palena, no parece aceptable que se condicione un subsidio otorgado en consideración a una situación de falta de recursos severa, a que quien lo recibe en una determinada localidad, donde las condiciones pueden ser limitantes.
Desde que el volcán Chaitén erupcionara en mayo del año pasado, ha existido un amplio apoyo a las medidas adoptadas por el gobierno para hacer frente a la emergencia humanitaria. Sin embargo, cuando han transcurrido más de 10 meses desde el episodio, parece razonable preguntarse cuáles deben ser los alcances de la ayuda estatal a las familias afectadas, los criterios para asignarla y, por supuesto, su duración. Cada una de esas definiciones deberá ser adoptada con criterios objetivos, transparentes y que conjuguen la justificada ayuda a las personas afectadas con el uso justo de los recursos fiscales.
Según cifras oficiales, hasta noviembre pasado el costo de la ayuda entregada por la catástrofe superaba los $ 23 mil millones, de los cuales $ 6.500 millones correspondían a bonos para las 1.800 familias desplazadas. Aunque el ministro del Interior afirmó que este beneficio, que consiste en $ 500 mil mensuales, se suspenderá en junio, aún no están despejados los criterios que orientarán la futura acción del Estado en esta materia.
No se debe perder de vista que las decisiones que se tomen en este caso sentarán un precedente para el actuar del Estado en este tipo de situaciones en el futuro.
