Proyectos hidroeléctricos y compensaciones a comunas
Jan. 26 , 2009
Ha causado justificada polémica la propuesta formulada recientemente por la Presidenta de la República para que las compañías generadoras que se encuentren solicitando los permisos para instalar una planta en alguna zona del país deban efectuar compensaciones a la comuna respectiva y faciliten así su autorización.
Una revisión preliminar de la iniciativa permite concluir que su aplicación conllevaría efectos dañinos, como la introducción de factores ajenos a los puramente técnicos en la evaluación de los proyectos, y abriría la puerta a una discrecionalidad peligrosa de parte de las autoridades que negocien las compensaciones.
Esta propuesta parece ser la respuesta gubernamental a los severos atrasos que han mostrado los procesos de aprobación, especialmente en materia ambiental, de los proyectos que buscan ampliar la capacidad de generación eléctrica del país. Como es sabido, esa capacidad se encuentra limitada y ha estado ya expuesta a severas restricciones, derivadas de situaciones climatológicas desfavorables para la generación hidroeléctrica y también de problemas en el funcionamiento de algunas generadoras. Por eso, para el país es indispensable realizar oportunamente las inversiones necesarias para contar con el suministro requerido y reducir los riesgos asociados a su parque eléctrico.
La propuesta fue efectuada en el marco de la cena anual del sector energético, y el hecho de que fuera planteada por la propia Presidenta parece mostrar la clara decisión del gobierno de impulsarla legislativamente.
Sin embargo, que tanto la ministra del Medio Ambiente como el titular del Interior hayan señalado desconocer la iniciativa, denota una escasa discusión al interior del Ejecutivo entre las áreas relacionadas con el tema y una falta de coordinación inexplicable en un proyecto de este alcance.
Específicamente, la iniciativa impondría a los proyectos de generación la obligación de contribuir al desarrollo de la comuna en que se encuentren, mediante el pago de una cierta cantidad de dinero por cada megawatt instalado y que iría en beneficio de la municipalidad en que se efectúe la inversión, para financiar obras de desarrollo de la comuna.
Desde una perspectiva general del país, la autorización de nuevas centrales eléctricas debe ser efectuada de acuerdo a estrictos procesos de evaluación técnica, económica y ambiental, donde a partir de la libre competencia entre las empresas interesadas en promoverlos sean aprobados aquellos cuyo diseño genere los mayores beneficios y cumpla con las condiciones ambientales exigidas.
Como estos proyectos pueden causar efectos ambientales significativos, su tramitación suele diferirse por la tramitación de sus estudios de impacto ambiental, donde las comunidades locales y los municipios juegan un rol importante. Sin embargo, estos inconvenientes no justifican generar sistemas especiales de compensación que introduzcan factores distintos a los previstos en la ley.
También resulta injustificado que se otorgue un tratamiento favorable a los proyectos que impulsa un sector productivo específico -el eléctrico en este caso-, en circunstancias que una garantía básica en materia económica es que exista igualdad de trato a todos los sectores. La propuesta agrava, además, esta discriminación, porque se plantea que las contribuciones que efectúen las generadoras recibirían un crédito con cargo fiscal, lo que significa cargar a los contribuyentes este mecanismo.
Existe consenso sobre la necesidad de no alargar injustificadamente la tramitación ambiental de los proyectos de inversión eléctrica que el país requiere, pero ello no debe llevar a introducir procedimientos que distorsionen o expongan estos procesos a la discrecionalidad. El gobierno debería, por ello, concentrar sus esfuerzos en el funcionamiento eficiente de la institucionalidad ambiental, lo que iría en beneficio no sólo de esta área, sino también de la actividad productiva general del país.
