Prioridades en la agenda laboral del gobierno
Mar. 06 , 2009
Luego de la polémica surgida en los últimos días acerca de la conveniencia de proponer una reforma a la legislación en materia de negociación colectiva, la Presidenta Michelle Bachelet zanjó el tema dando prioridad al proyecto de ley que crea un subsidio a la contratación de jóvenes y supeditando a él la consideración de otros cambios legislativos en esta área.
Esta decisión pone el acento en un instrumento -el subsidio a la contratación- que puede ser clave para mejorar las expectativas de empleo de las personas con menos calificación, especialmente en una coyuntura económica donde ya se está verificando un aumento significativo de la cesantía. De hecho, la cifra dada a conocer de 8% para el trimestre noviembre-enero fue superior a la que se preveía.
Por lo mismo, esta acertada decisión presidencial debería ser seguida por un esfuerzo coordinado del Parlamento y de las instancias gubernativas responsables del área para estructurar adecuadamente el mecanismo y los criterios de asignación del subsidio y así ponerlo en plena marcha en fecha próxima.
La semana pasada, la directiva del Partido Socialista había planteado en La Moneda la necesidad de impulsar el proyecto para fortalecer el rol de los sindicatos en la negociación colectiva, aludiendo al compromiso programático del bloque oficialista con la iniciativa. Si bien el envío fue comprometido en un primer momento por la ministra del Trabajo, el vocero de Gobierno luego lo desmintió y dejó el asunto a la espera de una definición presidencial.
En lo que respecta al fondo del tema de los cambios a la negociación colectiva, es necesario llamar la atención sobre la inconveniencia de introducir regulaciones que afecten el equilibrio que debe existir entre el rol que cumplen los sindicatos en ella y la preservación de la libertad de afiliación de los trabajadores.
Según ha trascendido, la iniciativa que se pretendía impulsar le daría al sindicato el monopolio de la representación, lo que afectaría negativamente ese equilibrio. Otros aspectos que inicialmente se habían planteado para este proyecto eran la eliminación del reemplazo en caso de huelga y la sindicalización automática. Un proyecto de este tipo es perjudicial para las relaciones laborales al interior de la empresa y por ello cabe esperar que sea descartado definitivamente.
Por el contrario, la idea de crear un subsidio para favorecer la contratación ha sido destacada por todos los expertos como una forma eficaz de atacar el problema de cesantía que afecta a ciertos sectores de la fuerza laboral menos capacitados y a los que el salario mínimo dificulta la obtención de un empleo.
El beneficio consiste en otorgar una bonificación inversamente proporcional a la renta. Esta equivale a un 30% del salario para los jóvenes entre 18 y 24 años de los dos primeros quintiles de ingreso, 20% para el trabajador y el 10% restante, a la empresa que lo contrata.
En mayo de 2008, el Consejo Asesor Presidencial de Trabajo y Equidad había propuesto crear este subsidio en forma permanente, pero no se había impulsado hasta ahora su aplicación en la práctica.
En estas páginas se ha señalado que resulta inexplicable que se haya desperdiciado todo este tiempo sin tramitar un proyecto que aparece como clave para enfrentar la crisis económica que estamos viviendo.
La urgencia asignada esta semana por el gobierno al proyecto de ley que crea el subsidio es una buena señal y es deseable que la discusión legislativa pueda llevarse adelante con la prontitud y rigurosidad requeridas, dado que se trata de un tema complejo y que requiere de definiciones importantes. Entre esas definiciones cabe mencionar la de los beneficiarios: se ha mencionado la conveniencia de ampliar el subsidio a las mujeres.
En este punto cabría considerar lo propuesto originalmente por el Consejo, en orden a poner en marcha el beneficio paulatinamente, incorporando primero a los sectores más vulnerables como las madres y los jóvenes, para luego ir a los hombres del primer quintil de ingresos.
