Participación electoral y entrega de incentivos al voto

Jan. 28 , 2009

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Un punto en el que se insistió durante el prolongado debate legislativo sobre la inscripción automática en los registros electorales y el voto voluntario -ambos aprobados la semana pasada en la Cámara de Diputados-, es que resulta mejor para la calidad de la política y de la democracia que más chilenos se incorporen al padrón electoral y participen en los comicios en que se escogen autoridades y parlamentarios.

Se presentó como una meta deseable que el universo de electores pudiera aumentar en más de 40% si votan quienes hoy no están inscritos, pasando de ocho a 11 millones. Además, se ha destacado la conveniencia de evitar el envejecimiento del padrón, que presenta sólo un 8% compuesto de personas entre 18 y 29 años, cuando en 1988 era un 36%.

No es claro que el porcentaje de participación electoral sea, en sí mismo, reflejo de la calidad de una democracia. No obstante, en base a esa premisa y pese a la oposición de algunos sectores y las inconsecuencias de otros, la Cámara dio el visto bueno tanto a la inscripción automática como al voto voluntario, acogiendo la iniciativa del gobierno.
Se consideró que, en sí mismas, esas medidas serían un aliciente al voto, pues la primera facilita el "trámite" de ir a sufragar, y la segunda elimina la sanción por no hacerlo.

Frente a esta realidad comienzan a escucharse algunas voces que sugieren que lo anterior puede operar en sentido contrario, es decir, que disminuya la participación electoral. Esto, porque la razón más citada por los no inscritos para no votar, 43,8% según el CEP, es el desinterés por la política. Por tanto, sostiene esta mirada, quienes no votaban seguirían sin hacerlo aunque estén automáticamente inscritos y no los sancionen, simplemente porque no quieren; mientras que quienes votaban por temor a la hipotética multa dejarían de hacerlo cuando no haya castigo por no sufragar.

Son estas aprensiones las que motivan propuestas como la esbozada hace días por un miembro del gabinete, en cuanto a entregar "incentivos para el que vota" como forma de estimular la participación electoral. Si bien no entró en detalles y aclaró que no serían "cosas discrecionales", trascendió que entre las ideas a evaluar estaría la entrega de mayor puntaje en la postulación a subsidios o en la Ficha de Protección Social para quienes voten. Aunque desde el propio Ejecutivo se descartó más tarde la posibilidad, llama la atención que algunos diputados la calificaran de "interesante".

Se trata de una propuesta peligrosa e inconsistente con la medida aprobada, y no sólo porque de alguna manera "pone un precio" al voto, desvirtuando en buena medida el valor que tiene tanto la libertad de votar, como la de no votar. También, porque su implementación -quién entrega el incentivo, bajo qué criterios, quién lo fiscaliza y cómo, etc.- podría abrir espacios a la intervención y minar la confianza en el proceso electoral.

Yendo más al fondo de la propuesta, ella no considera que cuando el voto se hace voluntario está implícito que las personas decidan libremente no hacerlo, lo que es consecuencia natural del ejercicio de esa libertad. Surge la duda de hasta qué punto se valora dicha voluntariedad por sí misma, en términos de que representa el mayor margen de libertad. Además, no es posible afirmar a priori si eliminar la sanción acarreará como efecto que menos gente participe, porque es una realidad nueva.

Por último, aparece como un contrasentido pretender que haya "incentivos" para algo que recién ayer se defendía como "voluntario". Sugiere poca fe en los argumentos utilizados para promover la voluntariedad del voto como facilitadora de una mayor participación electoral.
Es tarea de los partidos y los políticos justificar para las personas la movilización a votar. Que ésta no lo haga en mayores números puede señalar insatisfacción con "el sistema" o, al revés, indicar que no se le hacen mayores reparos. Lo importante es que quienes quieran votar lo hagan libremente y con garantías sobre la calidad del proceso.