Nuevos casos de mala identificación de detenidos desaparecidos

Jan. 04 , 2009

1 Comments

Por segunda vez en menos de dos meses, se han conocido casos de individuos que fueron identificados como detenidos desaparecidos sin serlo. La repetición de este tipo de episodios y el mal manejo que de ellos han hecho las autoridades dan cuenta de una seria desprolijidad en un tema sensible en el que resulta esperable un tratamiento más cuidadoso.

En esta ocasión se supo que tres personas que figuraban en la lista oficial de 1.183 desaparecidos no tienen tal condición. Una de ellas, una mujer, murió en la década de los 50, casi 20 años antes del golpe militar del 11 de septiembre de 1973. Otra falleció en 2006, asesinada y en condición de indigente. Finalmente, la otra reside desde 1977 en Argentina. En los dos últimos casos, los familiares de las supuestas víctimas recibieron los beneficios establecidos por ley para los parientes de detenidos desaparecidos, llegando, por ejemplo, un hijo de uno de ellos a estudiar en la universidad gracias a una Beca de Reparación y Reconciliación.

Ya antes, en noviembre, la opinión pública había sido sorprendida al revelarse que otra persona que estaba en el listado oficial de detenidos desaparecidos se había presentado en Chile, dando a conocer que llevaba más de tres décadas en Mendoza, pese a lo cual sus familiares habían recibido cerca de $ 40 millones en beneficios estatales.
Conocidos estos episodios a través de este diario, el Ejecutivo ha iniciado una contradictoria secuencia de marchas y contramarchas que, más que clarificar las cosas, ha ayudado a enredarlas.

Si bien en un principio el vocero de La Moneda insistió en que el conocimiento de los tres nuevos casos se desencadenó a raíz de la revisión ordenada luego del episodio producido en noviembre, más tarde las autoridades debieron admitir que el gobierno comenzó a tener antecedentes de ellos en 2005 y que en 2007 ya había certeza de que se trataba de casos falsos. No existe aún una explicación clara respecto de por qué, si esta realidad se supo hace tanto tiempo, se hizo tan poco por corregir la versión errada.

Sería lamentable que las autoridades hubieran optado por la falta de transparencia debido a razones políticas en un asunto como los derechos humanos, cuyo manejo requiere los atributos esenciales de la delicadeza, el respeto y la más completa seguridad.
Resulta positivo que el Ejecutivo haya desechado la iniciativa sugerida por el ministro secretario general de la Presidencia de que una vía de solución para enfrentar el tema fuera la reapertura de las comisiones Rettig y Valech, pues ello sólo hubiera servido para reabrir innecesariamente heridas que todavía están cicatrizando. Sin embargo, el planteamiento de la idea y su descarte días más tarde hablan de un proceso poco cuidadoso al interior de La Moneda.

La escasa claridad en cuanto al número definitivo de casos de falsos detenidos desaparecidos -se ha hablado de tres, cuatro o cinco- es también evidencia de la manera en que el Ejecutivo ha enfrentado el asunto, sin una voz que establezca una posición coherente. Lo mismo ha ocurrido con el hecho de que, mientras se anuncia que los casos serán pasados al Consejo de Defensa del Estado y al Ministerio Público para que éstos indaguen la posibilidad de perseguir a los familiares por los eventuales delitos de estafa y fraude al Fisco, la asesora presidencial de derechos humanos insista en que los parientes no han actuado de mala fe.

El deficiente manejo que el gobierno ha hecho poco ayuda a entregar seguridad a la ciudadanía de que los casos no volverán a darse, cuestión preocupante en un asunto que toca tan de cerca la memoria histórica reciente del país. La repetición de estos episodios debe motivar una revisión de los procedimientos de identificación de las víctimas de las violaciones a los derechos humanos, así como también de los protocolos a través de los cuales el gobierno toma decisiones, fija sus posturas y las comunica a la opinión pública.