El miércoles se cumplirá el tercer aniversario del gobierno de la Presidenta Bachelet. La fecha se celebrará con un acto en La Moneda y, según se ha anunciado, el discurso de la Mandataria pondrá énfasis en las medidas pro empleo para el presente año y los desafíos con miras al Bicentenario.

Si la actual administración ha debido sortear situaciones complicadas y ha enfrentado momentos difíciles en estos tres años, lo cierto es que el presente no parece menos complejo.

El último año de esta administración estará marcado -más allá de aprobarse proyectos emblemáticos como la Ley General de Educación-, por dos hechos coyunturales. Por una parte, las elecciones presidenciales y parlamentarias, que se vislumbran altamente competitivas, seguramente teñirán la discusión política de aquí hasta fines de 2009. El otro factor gravitante será la crisis económica internacional -más profunda de lo pronosticado en un principio y cada vez más una crisis también interna-, y la forma en que el país la enfrente.

Ante evidencia de un menor crecimiento económico -en enero el Imacec fue de -1,4%, el más bajo en una década- y de un incremento del desempleo aún difícil de dimensionar, adquiere mayor relevancia que exista claridad en el Ejecutivo sobre las iniciativas idóneas para enfrentar la crisis y el liderazgo necesario para impulsarlas. También, la disposición para favorecer acuerdos legislativos con la oposición que faciliten la aprobación de estas medidas en el Congreso y aseguren su continuidad más allá de la elección. Así ha ocurrido hasta ahora y la ciudadanía parece apreciarlo.

Desde septiembre del año pasado, cuando comenzaron a sentirse con fuerza los efectos de la crisis económica en Chile, la evaluación positiva a la gestión de la Presidenta ha mostrado un alza sostenida en los sondeos de opinión. Esta semana se dieron a conocer los resultados de una encuesta donde el 58,5% de los consultados respalda la gestión de la Mandataria y el 54,2% aprueba su gestión económica.

En buena medida, estas cifras  se deben a que desde La Moneda se han enfrentado las turbulencias económicas incluso antes de que éstas afecten con fuerza al país. Ahora que esto último empieza a ocurrir, las medidas adoptadas serán puestas a prueba y, con ello, el apoyo al Ejecutivo. Hasta ahora, la reacción de las autoridades parece oportuna y abarca las áreas donde parece prioritario concentrar los esfuerzos. De esto dan cuenta, por ejemplo, las declaraciones de la Mandataria el lunes,  cuando afirmó que priorizaría el envío al Parlamento del proyecto de subsidio al empleo, postergando la discusión del que se refiere a la negociación colectiva.

La Moneda parece estar consciente de que la conducción económica del gobierno se ha transformado en un activo y, además, de que la forma en que Chile logre sortear la crisis bien puede ser el factor decisivo que influya en la evaluación final de esta administración.

Sin embargo, es necesario llamar la atención sobre la importancia de que se otorgue atención a otros frentes de la acción gubernativa que requieren el diseño y ejecución de reformas urgentes.  Tal es el caso, por ejemplo, de las reformas destinadas a mejorar la calidad de la educación, de la modificación de los gobiernos corporativos de las empresas públicas y de los ajustes a los sistemas de transporte. Si la atención a los problemas económicos o a la elección presidencial debilita la agenda pública en estas áreas, se perderán meses valiosos hasta que se haya producido la instalación de la futura administración.
 
El gobierno ha optado por enfrentar los malos tiempos con criterios técnicos y eso está siendo premiado por la opinión pública, lo cual ayudaría asimismo a explicar que en las encuestas que miden la intención de voto presidencial sean los candidatos de la Alianza y de la DC los que lideren las preferencias, desplazando, por un amplio margen, a los postulantes que representan a grupos o partidos alternativos cuyas propuestas parecen menos articuladas y más ideologizadas.