Amedida que se acerca el 20 de marzo, fecha en que el gobierno peruano presentará ante el Tribunal Internacional de La Haya los argumentos de su demanda contra Chile, el ambiente en el que se desenvuelve la relación bilateral ha ido enrareciéndose. El último episodio que da cuenta de esta realidad todavía se encuentra en desarrollo, tiene que ver con la oposición de sectores nacionalistas peruanos a la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio suscrito por ambos países en 2006 y ha sido condimentado por dimes y diretes protagonizados por autoridades ministeriales de cada lado, a las que se sumaron ayer las palabras del Presidente peruano.

Ojalá que este nuevo intercambio no pase de ser otro capítulo poco grato de manifestaciones cruzadas al más alto nivel. Más significativas, por lo que ratifican, parecen haber sido las declaraciones recientes del canciller chileno subrogante, quien dejó en claro en una entrevista que la demanda peruana en La Haya ha tenido un negativo efecto en las relaciones entre ambos países, las cuales no exhiben hoy el mismo grado de acercamiento que tuvieron antes de la presentación del caso ante el tribunal internacional.

Las palabras de la autoridad chilena apuntan a una realidad que hoy parece evidente: la intención de "encapsular" la demanda ante La Haya para no afectar los vínculos bilaterales ha fracasado. La noción de que era viable aislar la presentación peruana para no afectar unos lazos que son complejos y multidimensionales y que no se agotan en las cuestiones fronterizas -en Perú hay invertidos cuantiosos capitales chilenos y en Chile residen decenas de miles de inmigrantes peruanos-, parecía una salida plausible para continuar avanzando en la profundización de una relación que la geografía y la necesidad convierten en un imperativo para Santiago y Lima. Al mismo tiempo, ofrecía la posibilidad de anular -o, al menos, confinar- las inveteradas pasiones que despierta a ambos lados de la Línea de la Concordia la historia entre ambos países. Otras naciones -como Gran Bretaña y Argentina, que en 1989 acordaron poner la soberanía de las islas Malvinas bajo un "paraguas"- han seguido una estrategia similar para no afectar sus vínculos, pese a tener diferencias mutuas.

En el caso de Chile y Perú, sin embargo, ese esfuerzo ha resultado inútil. Las relaciones entre ambos gobiernos tuvieron una luna de miel a principios de los mandatos de Michelle Bachelet y Alan García. Esta permitió, entre otras cuestiones, la firma del TLC bilateral.

Sin embargo, la decisión del gobierno de este último de realizar la presentación ante La Haya terminó por causar daño a los vínculos, pues Chile entiende que no existe problema fronterizo alguno con Perú y que no hay cuestiones limítrofes pendientes, tal como lo ha reconocido Lima a través de la firma de tratados internacionales y la práctica consuetudinaria. Al hacer su presentación ante el tribunal internacional, Perú volvió a poner en el centro de la relación con Chile el antiguo tema de las reivindicaciones territoriales, con toda la carga histórica y emocional que éste conlleva. Pretender que era posible aislar un asunto de este calibre en la relación bilateral terminó siendo una consideración poco realista.

Enfrentados a esta situación, lo que cabe a ambos gobiernos es llevar adelante sus relaciones sin recurrir a efectismos populistas que aviven pasiones e introduzcan más tensión que la que el juicio en La Haya, por su naturaleza, provocará. Existen numerosas posibilidades de acercamiento entre dos países que comercian vigorosamente y que enfrentan problemas comunes.

Una defensa de sus argumentos y posiciones que sea firme, pero prudente y juiciosa, es lo que debe exigírseles a las autoridades de Lima y Santiago. Un buen primer paso para lograr dicho objetivo sería dejar de lado declaraciones altisonantes, como las que se han venido escuchando en ambos países en los últimos días.