Informe de Contraloría sobre planes de empleo fiscal
Feb. 20 , 2009
La Contraloría General de la República divulgó esta semana el informe final sobre la auditoría efectuada a los planes de empleo ejecutados en 2007, con la tuición del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) y de las intendencias, que involucraron en ese período recursos por casi $ 19 mil millones. Es importante apuntar que este tipo de auditorías son aleatorias y por ello los casos revisados en esta auditoría fueron el 10,7% en el Sence y el 14,6% en las intendencias.
El informe identifica numerosas fallas en la administración del Programa Proempleo, dispuesto para mitigar los efectos de la cesantía en diversos puntos del país, lo que denota una reiteración de graves problemas en este tipo de programas públicos. Estas deficiencias deben ser subsanadas a la brevedad, con sistemas de gestión y control eficientes y confiables, considerando especialmente que se prevé utilizarlos en forma creciente para enfrentar la difícil coyuntura de empleo derivada de la crisis económica.
Los planes de empleo tienen por objetivo realizar obras en el ámbito local, "que reúnan como característica mínima el uso intensivo de mano de obra y que presenten un beneficio comunitario, así como efectuar actividades que mejoren la empleabilidad futura de los beneficiarios", especialmente en las regiones o comunas con tasas de desempleo mayor al promedio nacional.
Para que esas finalidades se cumplan, es indispensable contar con información confiable sobre los lugares en que estos planes son requeridos y luego acerca de la situación social de las personas que postulan. Asimismo, para evitar que se transformen sólo en una transferencia monetaria, se requiere contar con proyectos que permitan hacer uso de la mano de obra y que redunden en beneficios para la comunidad. Idealmente, estos planes deben propender también a mejorar la empleabilidad de los beneficiarios, entregándoles capacitación.
Entre las objeciones formuladas por la Contraloría destaca la excesiva centralización en el manejo de los programas, la insuficiencia en los mecanismos de control del destino de los dineros y la carencia de procedimientos "para rendir y respaldar las rendiciones presentadas por los ejecutores" de los programas.
Además, se detectó a nivel regional la ausencia de rendición en el uso de fondos en las intendencias, identificándose más de $ 2.700 millones sin rendir para el ejercicio de 2007. Si bien estas rendiciones objetadas son las que han motivado explicaciones de las autoridades responsables, lo que llama la atención son las deficiencias más estructurales que el informe detecta en la forma como se gastan y controlan los dineros de estos programas.
La Contraloría formula en su informe una serie de recomendaciones para superar las observaciones. En el caso del Sence, le exige mejoras en sus sistemas contables, así como realizar una supervisión efectiva de los objetivos de los programas y la efectividad de su ejecución, aplicando sanciones a los infractores. Respecto de las intendencias, señala la necesidad de que se efectúen las rendiciones pendientes de los años 2001 a 2007, o se inicien las gestiones para la recuperación de los fondos; que se subsanen las deficiencias de control existentes en varias de ellas y que se adopten sistemas de gestión que impidan la repetición de las irregularidades detectadas.
Cabe recordar que en la administración de los planes de empleo se han producido en años recientes delitos por fraude al Fisco, corrupción y desvío de dineros para campañas políticas, en los que destacan los casos ocurridos en varias comunas de la Quinta Región. El informe de la Contraloría enumera los mayores problemas en esta región, así como en la Cuarta y la Octava.
Estos antecedentes, unidos a la proximidad del inicio de la campaña parlamentaria y presidencial de diciembre, agregan además un factor de urgencia a las medidas de control que se deben implementar y por ello es indispensable un seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones efectuadas por el organismo contralor.
