Eficacia de supervisores económicos y control de sus decisiones
Jan. 05 , 2009
Una de las tendencias que destacó en el último año fue la actividad mucho más amplia e intensa de parte de algunas autoridades e instituciones que tienen a su cargo velar por el buen funcionamiento de los mercados y por el respeto del marco legal que los rige.
Esta proactividad en aplicar la ley y buscar la sanción de los infractores es positiva, en momentos en que en todo el mundo se produce un gran cuestionamiento al desempeño de las regulaciones para evitar los problemas como los fraudes y desajustes producidos.
Pero para que esa tendencia se consolide y contribuya al desarrollo económico es necesario que vaya acompañada de un estricto control judicial de la acción de estas autoridades y de las sanciones que aplican.
No cabe duda de que muchas de las decisiones tomadas en estos temas han generado y generarán mucha polémica en el futuro. Un caso ilustrativo son las sanciones por el uso indebido de información privilegiada o la infracción de los deberes de reserva de dicha información, que fueron aplicadas durante el año por la Superintendencia de Valores y Seguros.
El fundamento de dichas sanciones puede ser discutible y en algunos casos han existido cambios no suficientemente explicados en los criterios, pero se aprecia una actitud distinta de la autoridad en orden a que la ley se aplique. Hasta ahora existía un cierto consenso, ratificado hace poco en las páginas de este diario por un ex ejecutivo del sector financiero, de que las normas que castigaban el uso indebido de información en el mercado de valores no se aplicaban en la práctica y quedaban en letra muerta.
Otro ejemplo ilustrativo es lo ocurrido a propósito de las decisiones en materia de libre competencia, donde el fallo del tribunal respectivo, que impidió la fusión de dos grandes empresas del retail, y el requerimiento del fiscal por la posible colusión entre cadenas farmacéuticas, son ejemplos de lo mismo. Siendo siempre discutible el fundamento de las decisiones, queda de manifiesto también el propósito de poner en práctica las leyes que promueven la competencia en los mercados.
Desde una perspectiva más general, para los legisladores y los supervisores siempre ha sido un reto difícil establecer leyes y regulaciones para corregir las fallas de los mercados -monopolios, abuso de posición dominante, uso de información privilegiada o engañosa, entre otros- pero que al mismo tiempo no ahoguen la iniciativa y el emprendimiento. Cuando las leyes limitan todo o buscan reducir el riesgo a cero, la pérdida la sufre toda la sociedad por los negocios que no se pueden realizar.
Para evitar esa rigidez, las leyes suelen establecer normas más generales que deben ser aplicadas en cada caso concreto por las autoridades fiscalizadoras, de manera también que las normas no queden superadas por lo hechos al variar las conductas prácticas que buscan regir. Como contraparte, se corre el peligro de que esta flexibilidad dé lugar a decisiones discrecionales de las autoridades que terminen causando un daño a la libertad económica que se buscaba proteger.
Por ello, es indispensable que junto a leyes flexibles existan tribunales independientes que puedan analizar en profundidad los alcances de decisiones tan relevantes como la aplicación de multas o la denegación del permiso para realizar fusiones u otras operaciones. En muchos de los casos mencionados están pendientes ante las instancias judiciales los recursos presentados por los afectados para dejar sin efectos las medidas, siendo deseable que ellos sean resueltos con celeridad para dar certeza al mercado de los criterios conforme a los que deben guiarse los agentes económicos.
En momentos en que las economías comienzan a sentir los efectos de la crisis financiera y se conocen fraudes de proporciones sorprendentes, resulta un capital valioso para nuestro país contar con autoridades y tribunales que procuren la aplicación estricta y justa de las leyes.
