Discurso judicial y estándares exigidos a los nuevos abogados
Mar. 09 , 2009
En el marco del discurso de inauguración del año judicial, el presidente de la Corte Suprema ha puesto en el tapete el tema de las mínimas condiciones requeridas para la formación profesional de los abogados.
A partir de la constatación del importante aumento en el número que se titula cada año -15.894 entre 1997 y 2008, y 350 en enero pasado-, el presidente del tribunal manifestó su inquietud "por la calidad de su preparación y los riesgos que un alto número de letrados en competencia representa para la ética profesional".
La preocupación expresada por la Corte Suprema es justificada en lo referido a la necesidad de que se preserven estándares de calidad profesional y ética en la formación de los abogados. Sin embargo, es erróneo atribuir las carencias en ambos temas al aumento de la cantidad de egresados, realidad que en sí misma es positiva y representa un avance para el país.
Este discurso anual responde al cumplimiento del deber legal que tiene ese órgano de indicar a los demás poderes los problemas que advierte en la legislación y la gestión pública, para los efectos de una buena administración de justicia. En el caso de los abogados, además, es la propia Corte Suprema la que otorga el título que habilita a actuar ante los tribunales.
Esta habilitación, no requerida para otras profesiones, busca favorecer que quien asuma la defensa de los derechos ajenos -personales y patrimoniales- tenga la preparación mínima para no afectarlos injustificadamente. El punto en discusión es si el aumento de la cantidad de egresados es un obstáculo a lograr que exista ese mínimo.
En principio, el aumento de profesionales que egresan de las universidades parece ser más un bien que un mal para nuestra sociedad, en la medida en que su formación cumpla con estándares requeridos.
Más profesionales significan que una parte de la sociedad que antes no accedía a la universidad, y a los mejores niveles de educación e ingreso que ello conlleva, ahora puede hacerlo. Esto también trae como efecto, por la vía de la mayor oferta de servicios profesionales, que más personas puedan contar con asesoría legal y a un precio menor, por la competencia que se genera para captar clientes. Que esa competencia no se traduzca en faltas a la ética es materia de los colegios profesionales y de los tribunales de justicia, en sus respectivos ámbitos.
Por último, al existir más abogados es posible que funciones complejas en el aparato público que antes eran desempeñadas por personas sin preparación especial, ahora sean asumidas por un profesional universitario. Este es un avance que ya se puede apreciar en los tribunales de justicia.
Las cifras, además, no hablan de un exceso de egresados. En el portal futurolaboral.cl de Mineduc, se informa que el sueldo promedio de los abogados al salir de la universidad supera los $ 800 mil mensuales, cifra que supera el $1,7 millones luego de cinco años. Además, el número de abogados en Chile, 13,3 por cada 10 mil habitantes, es inferior al que existe en otros países de América.
La respuesta a la preocupación expresada en el discurso judicial parece estar en la acreditación de las universidades y facultades que imparten la carrera de Derecho, así como en la posibilidad que se realicen exámenes habilitantes para el desempeño de los egresados en los tribunales.
Esa acreditación debe tener la flexibilidad necesaria para respetar la coexistencia de distintos currículos -hay universidades que apuntan a carreras de cuatro años y luego posgrados de especialización, mientras otras se mantienen en cinco años, por ejemplo-, pero asegurando que los conocimientos y destrezas mínimas sean entregados.
Por su parte, no es descartable que para otorgar el título la Corte Suprema exija la rendición de un examen, cuya administración podría perfectamente ser asumida autónomamente por los colegios profesionales o por agrupaciones de universidades, tal como ocurre en otros países.
