Denuncias de irregularidades contra funcionarios de Investigaciones

Feb. 02 , 2009

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La confianza en las instituciones, en especial en aquellas dedicadas a proteger a la ciudadanía de quienes violan la ley, es de esos intangibles esenciales que sostienen el estado de derecho. Por eso, todo lo que mine la fe pública en las policías y el sistema de justicia -o en entes anexos, como el Servicio Médico Legal- constituye una amenaza, y neutralizar ese efecto se vuelve una prioridad.
"Nos parece grave que funcionarios a quienes les hemos confiado la responsabilidad de cuidarnos de la delincuencia puedan involucrarse en un delito", dijo esta semana el subsecretario de Interior en alusión al caso del subjefe de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales, quien quedará en prisión preventiva, junto a otro detective, por posible complicidad con una red dedicada al contrabando de especies.
Chile no se encuentra, y esto es algo cuya reiteración puede terminar siendo contraproducente, en la preocupante situación de desprestigio institucional de otras naciones, incluso algunas vecinas, según entidades como Transparencia Internacional. Esa realidad debe dimensionarse correctamente, pero a menudo un efecto colateral puede ser una cierta complacencia al evaluar los problemas que existen.
Lo anterior es pertinente a la luz de otros casos recientes de corrupción o irregularidades que han afectado -junto a otras instituciones- a la Policía de Investigaciones (PDI). El primero, y hasta ahora el más grave, se conoció en octubre pasado, cuando más de una decena de detectives fueron formalizados como miembros de una red de corrupción radicada en tribunales, dedicada a favorecer a delincuentes por distintas vías ilícitas; luego un ex alto oficial de la PDI fue acusado de hacer adulterar una alcoholemia; en otros episodios, varios detectives han sido indagados por destruir -errónea o intencionadamente- grabaciones telefónicas y discos de computador que constituían evidencia en una importante investigación.


Tan importante como no sobredimensionar el problema es no minimizar su gravedad. En este sentido, hay que valorar el hecho que los casos anteriores hayan salido a la luz pública y que el Ministerio Público haya actuado con autonomía, así como es bienvenida la actitud pública de "tolerancia cero" de la jefatura de la PDI, pues envía la señal correcta a la ciudadanía y a sus filas. Pero ello no obsta para lamentar que su sola ocurrencia ya es motivo de alarma y que hay factores que hacen aun más preocupantes estas situaciones.
Por ejemplo, en algunos casos se evidencia la presencia de organizaciones enquistadas en el aparato público que "institucionalizan" la comisión habitual de ilícitos varios (adulteración de archivos, "extravío" de documentos, falsificación de timbres, sobornos a funcionarios, extorsiones a criminales, entre otros), a menudo en asociación con funcionarios de otras instituciones, como tribunales o Gendarmería. Otros casos apuntan a un fracaso de los controles internos de fiscalización, pues sólo se han conocido por denuncias a la fiscalía o delaciones de delincuentes (incluso hay casos en que el control interno no detectó a un funcionario que luego resultó involucrado en una irregularidad). Eso favorece la creación de redes de protección que, junto a controles insuficientes, son las que permiten que los delitos se cometan por años antes de ser descubiertos.
Es claro que un problema de esta índole debe atacarse desde distintos frentes: una formación ética sólida en las escuelas policiales, una mejor gestión que reduzca espacios a la corrupción, controles institucionales más intensos y continuos; sanciones oportunas y ejemplificadoras que no alimenten la idea de que la impunidad es tolerable. En esas y otras áreas el principal desafío es transmitir a la opinión pública que su confianza en la policía -que ésta ha construido sobre una sólida base de trabajo y ética profesional- se sigue justificando plenamente.