Denuncia de la Contraloría sobre irregularidades en el Registro Civil

Jan. 16 , 2009

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En 2006, un ex jefe de partido de la Concer-tación -refiriéndose a diversas irregularidades detectadas en el MOP, los planes de empleo fiscal, Chiledeportes, el Sence y el Indap- condenó lo que llamó "una ideología de la corrupción", esto es, una mirada en sectores oficialistas que consideraría válido "el uso de medios ilegítimos e ilegales para propósitos declarados loables", como la construcción de importantes obras de infraestructura o compensar las bajas remuneraciones del sector estatal. A eso se agrega, decía, una mentalidad según la cual "las graves faltas a la ética (...) no tienen consecuencias entre nosotros".
A mediados del año pasado, un ex ministro secretario general de Gobierno advirtió que para continuar gobernando, la Concertación debería poner "fin de una vez por todas al Estado como un botín de los vencedores o lugar de cuoteo político", y al respecto señalaba la necesidad de "profesionalizar el Estado", llenando los cargos "por mérito y por concurso, no por confianza política". Por su gravedad y por venir de influyentes figuras concertacionistas, dichas opiniones causaron impacto en la opinión pública y generaron polémica.
Los cuestionamientos de la Contraloría al Registro Civil conocidos esta semana traen a la memoria lo anterior y vuelven a despertar los temores de que ciertas malas prácticas puedan llegar a ser más comunes que excepcionales en algunas reparticiones públicas. El año pasado ya se revelaron irregularidades en la licitación de la plataforma tecnológica del Registro, pues el principal asesor del entonces director tenía vínculos laborales con la firma multinacional que se adjudicó el contrato. Ahora, el ente fiscalizador cuestiona distintas asesorías encargadas por ese organismo, así como una serie de pagos por servicios.
En algunos casos se habría pagado por informes no realizados o copiados de internet, varios de ellos a cargo de personas con vínculos de parentesco con figuras del oficialismo, mientras que otros estudios abordan temas ajenos a las funciones del Registro Civil, como la elección francesa o el análisis político sobre el gremialismo.
Además de lo anterior, la Contraloría cuestiona otros gastos que parecen difíciles de justificar, como clases de folclore y música, millonarias cuentas de "almuerzos y comidas", una fiesta bailable para cerca de 900 personas o lecciones de inglés para el jefe del Registro por más de $ 15 millones.
En el pasado se han conocido cassos similares en el MOP, Chiledeportes y Gen-darmería, o en empresas públicas como EFE y Codelco, que han evidenciado un uso impropio del aparato estatal y sus recursos. En algunos casos la evidencia apuntaría al enriquecimiento ilícito de funcionarios, pero en otros todo indica que el móvil sería hacer favores políticos, beneficiar a parientes o amistades, e incluso construir clientelas políticas sobre la base de repartir cargos, contratos de servicio o asesorías no fiscalizadas. Lo anterior, entonces, sugiere que la denuncia de la Contraloría acerca del Registro Civil no sería un caso aislado, sino una nueva manifestación de la existencia de problemas que es preciso atacar de raíz, antes de que alcancen dimensiones que hagan más difícil y costosa su solución.
De comprobarse faltas y delitos, la justicia debe actuar con toda la fuerza de la ley, aplicando sanciones que desalienten esas conductas. A la vez, el Ejecutivo -cuyo deber constitucional es velar por el buen uso de los recursos fiscales- tiene que realizar esfuerzos por eliminar los incentivos perversos y las fallas estructurales que abren espacio a cometer irregularidades. Ello supone mayores grados de profesionalización del servicio público y una modernización del Estado, pero también velar con mayor celo por que no se relajen los estándares éticos que deben guiar el servicio público y el manejo de los fondos del Estado. Lo exigible aquí es  cortar de raíz un problema serio y sancionar las irregularidades que se comprueben, para evitar que vuelvan a repetirse.