Compra de aviones Mirage y conducta de actores políticos

Jan. 30 , 2009

3 Comments

Convocada por el presidente de la Cámara Alta, hoy se llevará a cabo la sesión especial del Senado para analizar la compra por parte de la Fach de aviones de combate Mirage a la Fuerza Aérea de Bélgica, realizada en 1994. A la instancia concurrirán los ministros de Defensa y de la Secretaría General de la Presidencia, para analizar las implicancias de la presunta malversación de fondos que investiga la justicia; además, miembros de la oposición han señalado que solicitarán al gobierno que entregue información sobre compras de armamento desde 1990.

El caso ha adquirido una amplia connotación pública debido a que ex uniformados de alto rango han sido procesados y detenidos por, según la resolución del juez que lleva la causa, haber recibido comisiones ilegales para facilitar esta operación. Entre ellos destaca un ex comandante en jefe de la Fuerza Aérea y oficiales que desempeñaban roles clave, como las jefaturas del Comando Logístico y del Sistema de Armas. Que los ex ministros de Defensa que visaron e implementaron la compra también hayan declarado en la causa, en calidad de testigos, ha contribuido a la notoriedad de la investigación.

Porque se trata de una pesquisa judicial en curso; porque involucra a oficiales superiores que tuvieron puestos de relevancia; porque ha generado gran expectación pública y, finalmente, por las posibles implicancias que puede tener este caso, lo que corresponde es que los dirigentes políticos y las autoridades se comporten con la mayor prudencia. Esto es, primordialmente, sin acciones que dificulten la labor judicial. Asimismo, que quienes tienen facultades de fiscalización las ejerzan responsablemente y dentro de sus ámbitos de acción, contribuyendo a la discusión transparente de un tema de legítimo interés público.

La sesión especial del Senado no parece apuntar en esa dirección. En primer lugar, la facultad fiscalizadora está radicada en la Cámara de Diputados, no en el Senado, por lo que cabe preguntar qué objetivo puede cumplir la sesión de hoy. Además, llama la atención que ésta haya sido programada para el último día de actividad parlamentaria, dotándola de una urgencia cuya necesidad tampoco se percibe y con una justificación entremezclada con argumentos vinculados a conflictos extraños a la discusión.

Por otra parte, existe el riesgo de que la reunión se interprete como una intromisión del Legislativo en el ámbito de otro poder del Estado.
La gravedad de las acusaciones que se investigan hace muy probable que el caso Mirage siga presente en la agenda pública en los meses venideros. El hecho de que la compra definitiva de los aviones se haya realizado durante el mandato del más probable candidato de la Concertación hace, además, casi inevitable que el tema sea debatido durante la próxima campaña presidencial, cuestión que ya está comenzando a producirse en estos días, con emplazamientos lanzados desde el comando del abanderado opositor.

Resulta perfectamente válido que un asunto de las dimensiones y posibles alcances como el que investiga la justicia se transforme en un punto de debate, sobre todo si también hubiera responsabilidades políticas que podrían ser establecidas.
Sin embargo, deben hacerse esfuerzos conscientes por lograr que la discusión de este caso no se contamine con las agendas políticas de ningún sector, ni genere efectos que entraben la investigación judicial. Sobre todo teniendo en cuenta que el proceso que lleva adelante la justicia aún está en pleno desarrollo.

En contraste con la actitud del Senado, la respuesta del gobierno hasta ahora frente a este caso ha estado marcada por la moderación y la plena colaboración con la investigación llevada a cabo por el juez, lo que ayuda a la transparencia con que deben ser resueltos estos temas.
 
El caso Mirage, tal vez paradójicamente, proporciona una oportunidad para demostrar que la competencia política no significa perder de vista el verdadero interés público y el bien común en el tratamiento de los asuntos públicos.