Alza de tarifas del Transantiago
Feb. 12 , 2009
Hoy comenzará a aplicarse un aumento "moderado y gradual" en las tarifas del Transantiago y de la red de Metro, según anunció el gobierno. Una medida que expertos, operadores del sistema y actores políticos esperaban desde hace casi dos años y que deja al pasaje en bus en $ 400 (subió $ 20), mientras que el del tren subterráneo tendrá un recargo de $ 40 en las horas de mayor demanda, es decir, $ 460.
Llama la atención el monto del alza, pues el ministro de Transportes señaló en distintas ocasiones -durante la negociación por el préstamo del BID para financiar el sistema y ante la comisión ampliada del Senado- que el aumento del pasaje en el Transantiago bordearía los $ 40, incluso $ 60. Finalmente, la medida fue anunciada a finales de enero, luego de que el secretario de Estado se reuniera en privado con la Presidenta.
Tal como está planteada, el alza en los pasajes no resuelve los graves problemas de financiamiento que presenta el sistema de transportes de la capital, que acumula un déficit operacional que bordea los US$ 900 millones, cifra que ha crecido en el período reciente hasta un promedio de US$ 60 millones por mes. Expertos han señalado que se requerirían tarifas superiores, en el orden de $ 500 pesos para el pasaje en bus, para frenar las pérdidas mensuales que genera el sistema.
La decisión de acotar el reajuste de las tarifas puede generar conflictos con la Alianza en materia de financiamiento. La oposición ha manifestado que una de las condiciones para aprobar el proyecto de ley que establece un subsidio permanente (US$ 210 millones al año) y otro transitorio para el Transantiago (US$ 135 por tres años), que aún permanece en el Senado, es que el aumento en la tarifa cubriera el 18% del déficit del sistema en 2009 (según estimaciones oficiales, alcanzaría los US$ 500 millones). Según cálculos de algunos expertos, el alza debió ser de al menos $ 30 para lograr esa meta, por lo que es aún incierto el acuerdo entre el gobierno y la Alianza para destrabar el proyecto.
Como ha sido recurrente desde la implementación del Transantiago, en las decisiones de la autoridad sobre el sistema de transporte parece haber primado un criterio político a la hora de fijar la tarifa, más allá de un análisis técnico de esa decisión. En este caso, quizás se haya privilegiado evitar molestias a los usuarios -insatisfechos con un sistema que no cumple con los estándares prometidos-, más que subsanar el déficit operacional.
Desde esa perspectiva, la actitud del gobierno sugiere que no descarta volver a recurrir a fondos fiscales para mantener en funcionamiento el Transantiago. Ya sea dependiendo de lo que decida la Alianza, por la vía de la aprobación de los subsidios o, como lo ha hecho hasta el momento, a través del 2% constitucional del que el Ejecutivo dispone para catástrofes, a pesar de que esta herramienta tiene un carácter excepcional.
En este sentido, sería conveniente que las autoridades evaluaran si la solución al problema es la implementación de subsidios, sobre todo por la magnitud de los recursos involucrados y porque el gobierno estima que recién en 2014 el déficit llegará a cero. El país debe analizar si este subsidio es el mejor uso que se les podría dar a estos recursos públicos, considerando la alternativa de focalizarlo mejor en la población más necesitada, o destinarlo a proyectos alternativos que pueden tener una alta rentabilidad. Esto, en línea con la estrategia de política económico-social implementada largamente en Chile con resultados exitosos y ampliamente reconocidos.
Incluso, si el Transantiago genera externalidades positivas, en términos de menor contaminación o congestión vehicular, debe evaluarse si los beneficios que se asocian al sistema tienen relación con los costos y si no existen mejores alternativas. Así, las autoridades y, por supuesto la ciudadanía, deben considerar si es viable mantener, sin hacerle cambios profundos, una política pública onerosa y que, potencialmente, evita el financiamiento de otras más rentables.
