27 de noviembre de 2008
Nov. 27 , 2008
Energía nuclear
Señor director:
Según nos informa este medio, Chile está en proceso de adjudicar estudios clave para definir una planta nuclear. En 1934 Enrico Fermi inicia la investigación de este tipo de energía, bombardeando núcleos de uranio con neutrinos. En 1942 se crea la primera planta nuclear dentro del famoso Proyecto Manhattan, precursor de las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki. Y así...
La raza humana lleva 74 años manipulando estos elementos, que no dejan de ser peligrosos. Pero hoy, con las medidas de seguridad ampliadas y renovadas, es casi nula la probabilidad de un Chernobil 1986 o un Three Mile Island 1979.
Hasta octubre de 2007 existían 439 centrales nucleares en funcionamiento, distribuidas en 30 países, incluido Argentina, las que generaron un 17% de la energía eléctrica en todo el mundo durante 2007, trabajando a la mitad de sus capacidades. Actualmente se están construyendo 35 y hay 91 en plan de construcción.
En Chile se espera que se construyan reactores de cuarta generación, los cuales buscan una mayor seguridad, menor cantidad de desechos radioactivos y que éstos sean de corta vida de radiación. Frente a estos datos, creo que es hora de reabrir el debate. Al menos yo, prefiero una planta nuclear que la Patagonia inundada y ver sus paisajes vírgenes con torres de alta tensión.
Francisco García Flores
El ejemplo de Paya
Señor director:
Felicito al diputado UDI Darío Paya por el paso al costado que está dando -decidió no repostular en las próximas parlamentarias- y su llamado al recambio generacional en un partido que de por sí es joven.
Como joven DC, me encantaría poder agradecer a parlamentarios de mi colectividad por gestos como los del diputado gremialista. Lamentablemente, cuando la lucha por cuotas de poder se sube a la cabeza, este tipo de gestos no están en la brújula de ningún dirigente.
Juan José Soto
Cárceles concesionadas
Señor director:
Eduardo Bitrán, en carta dirigida a este medio, me alude pretendiendo endosarme responsabilidad por una supuesta imputabilidad que le correspondería en su calidad de ex ministro en el tema de las cárceles concesionadas, la que habría sido determinada por la comisión investigadora formada para dichos efectos en la Cámara de Diputados.
Debo precisar, sin ánimo de polemizar, que actué en calidad de juez árbitro arbitrador en el proceso denominado Cárceles I, concurriendo a dictar la sentencia que resolvió dicho litigio con la independencia que se exige a todo juez árbitro que ejerce jurisdicción. Más allá de quién designe al árbitro, éste debe ser imparcial e independiente de la parte que lo designe al administrar justicia y bajo ningún respecto puede ser mandatario de ella.
En cuanto a la sentencia dictada en el denominado grupo Cárceles I, la comisión era presidida por don Antonio Bascuñan Valdés, ex decano de la Facultad de Derecho de la U. de Chile y ex abogado integrante de la Corte Suprema e integrada por Alfonso Reymond y el suscrito. El fallo, después de ponderar bajo las normas de la prudencia y equidad las pruebas rendidas en el proceso, fue dictado por unanimidad de sus integrantes. Y la Corte de Apelaciones, también por unanimidad, rechazó el recurso de queja interpuesto por el MOP, quedando ese fallo firme posteriormente en la Excelentísima Corte Suprema, puesto que las partes llegaron a un avenimiento.
En cuanto a una eventual responsabilidad política del ex ministro Bitrán que haya determinado la comisión investigadora, no me corresponde emitir pronunciamiento.
Manuel Díaz de Valdés O.
Abogado
Señor director:
Creo necesario aclarar lo señalado por el ministro Bitrán en carta a esta sección referente a la situación de las cárceles concesionadas.
Bitrán incurre en un error al señalar que Santiago 1 forma parte del grupo I. Dicho grupo tiene bajo su tutela las cárceles de Alto Hospicio, Rancagua y La Serena, y no Santiago 1. También se equivoca al decir que Santiago 2 es parte del grupo III, ya que no lo es.
La carta menciona a Besalco como responsable, siendo que la concesión de esas cárceles corresponde a un consorcio formado por tres empresas, y en el cual Besalco participó sólo con un 33% del capital.
Además, el ex ministro no puede cuestionar un fallo judicial culpando a uno de sus miembros de haber concurrido a éste, con una posición distinta a la que el MOP defendiera y hubiese querido lograr. Siempre la justicia debe mantener su total independencia al momento de resolver una causa, cualquiera sea el origen de su designación. Los jueces no representan a las partes, sólo están llamados a hacer justicia.
Finalmente, no parece razonable responsabilizar a otros de dicha situación, cuando se estuvo durante dos años en el cargo de ministro de Obras Públicas, con todas las facultades necesarias para haber encontrado una solución a este problema.
Herman Chadwick Piñera
Pdte. Asoc. de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública
Liderazgos en educación
Señor director:
Un reciente estudio de la U. Central concluye que los directores de colegios no se sienten responsables del rendimiento escolar de sus alumnos. Esta investigación posee el valor de entregar claves relevantes con las cuales poder descifrar el carácter que asumen las dinámicas internas de las escuelas, las cuales arrojan resultados insuficientes.
Para quien conoce la realidad institucional interna de estos establecimientos, no resulta válida la apreciación que vincula el rendimiento educacional con las facultades que posea o no su director en la selección de sus profesores, por la sencilla razón de que la jerarquía institucional de esa unidad educativa jamás ha sido puesta en duda.
Los funcionarios, en general, se muestran subordinados y respetan la escala jerárquica que domina las relaciones laborales en esas instituciones. Este elemento es suficiente para coordinar, supervisar y evaluar los procesos formativos que se dan en los planteles educacionales.
Se puede concluir, de este modo, que nos encontramos en presencia de un déficit de liderazgos que dificulta gravemente los procesos de mejoramiento de la educación.
Gabriel Ugás M.
Víctimas de delitos
Señor director:
Me ha dolido la forma en que un senador de la República se ha referido a las víctimas de delitos violentos en Chile. No voy a repetir el calificativo utilizado por el parlamentario, pues hay un fenómeno que el señor Alberto Espina parece ignorar y que se llama revictimización.
Al maltratarlos de esta forma, el senador sólo logra nuevamente victimizar a quienes han sufrido violencia intrafamiliar, la muerte de un familiar o el robo de sus bienes. El debe centrarse en su labor estrictamente parlamentaria e impulsar proyectos que mejoren la atención de las víctimas, tal como lo conversó con el ministro Viera-Gallo.
Como me imagino él habrá visto en la prensa, efectuamos en plena Plaza de Armas de Santiago una Feria de Servicios de Asistencia a Víctimas de Delitos, con nueve organismos públicos que prestan servicios gratuitos en la Región Metropolitana en materia jurídica, social y psicológica, atendiéndose las consultas de más de 1.400 personas y repartiéndose sobre 4.000 volantes con números de teléfonos para que la gente acuda a informarse a estas instituciones.
Las víctimas no están solas ni abandonadas. El gobierno, y en particular la Intendencia, está trabajando para mejorar, ampliar y reforzar este servicio, pero claramente con este tipo de comentarios no se contribuye a este objetivo.
Alejandra Vásquez Leichtle
Intendenta de Santiago (s)
Reajuste del 10%
Señor director:
La Presidenta Bachelet, según información de prensa, se siente derrotada y dolida porque su proyecto de reajuste escalonado fue rechazado en el Congreso, nada menos que por sus legisladores. Si la intención de disminuir la brecha de sueldos es verdadera le sugiero que envíe al Parlamento un proyecto de ley disminuyendo los sueldos del Presidente, ministros, subsecretarios y demás autoridades de gobierno.
Luego, invite a los parlamentarios a sumarse a este gesto. Informe a la opinión pública que con el significativo ahorro se podrá mejorar la infraestructura y servicios de los principales hospitales del país. Por tratarse de un ahorro que perdurará en el tiempo, incluso podría alcanzar para otras cosas de primera necesidad. Hágalo ahora, en tiempos de campaña, y verá que ningún parlamentario se atreve a rechazarlo.
José Miguel Rodríguez S.
Bachelet a Cuba
Señor director:
La columna de opinión del señor Rodríguez Elizondo, publicada el martes en este medio acerca de un supuesto "romanticismo bolchevique" de nuestra Presidenta, "propio de su formación ideológica", más bien parece propia de ciertos sectores intelectuales y políticos que se han quedado anclados en la ya obsoleta visión del mundo que ve en la desgastada Cuba castrista la materialización de una suerte de demonio que todos deberíamos repudiar.
Consecuentemente, el viaje de nuestra Mandataria a ese país representaría una suerte de adhesión a ese demonio. Es lamentable que con su experiencia el señor Rodríguez Elizondo no entienda que el mundo de hoy está marcado por la diversidad y por el multilateralismo. En el contexto de esta lógica, Bush no ha tenido problemas en seguir comprando petróleo a Venezuela, a pesar de sus claras diferencias con Chávez.
Fredy Moreira
Discapacidad y rol del Estado
Señor director:
La salud y la rehabilitación de los niños, en especial de quienes tienen algún tipo o grado de discapacidad, es un derecho que ha sido consagrado a nivel nacional e internacional y, por tanto, constituye un deber del Estado. Así lo avala la Convención Internacional por los DDHH de las Personas con Discapacidad, firmado por Chile en marzo de 2007, aprobado por el Senado el presente año.
La Convención declara que los discapacitados y sus familiares deben recibir la protección en salud y la asistencia necesarias, para que las familias puedan contribuir a que las personas con discapacidad gocen de sus derechos plenamente y en igualdad de condiciones.
Las cifras y la realidad coinciden en que la situación social de discriminación y pobreza que afecta a más de dos millones y medio de personas con discapacidad en Chile toca más gravemente a los niños. Por esto resulta inaceptable que en pleno año 2008 aún se endose la responsabilidad de la salud de éstos al mundo de la farándula o al sector privado. Esta responsabilidad le compete al Estado.
Según Fonadis, en Chile sólo el 3% de los niños discapacitados ha recibido atención integral de salud alguna vez en su vida. No es necesario tener más pruebas para demostrar que la actual campaña es mucho dinero y escasos resultados.
Alejandro Hernández
Pdte. Fund. Nac. de Discapacitados
Veto al aborto
Señor director:
La carta enviada por el Presidente uruguayo al Parlamento de su país para vetar el proyecto de ley de "Defensa de la salud sexual y reproductiva" establece razones atingentes a la realidad chilena.
Reconoce que el aborto es un mal social a evitar; expone la evidencia irrefutable de países como EEUU o España, donde su liberalización ha provocado un aumento sostenido del mismo; señala que la evidencia científica reconoce al embrión humano como un ser perteneciente a la especie humana y, por lo tanto, una vida humana desde la concepción.
Además, propone la defensa de la vida humana indefensa; considera el ordenamiento jurídico internacional vinculante como el Pacto de San José de Costa Rica en la defensa de la vida no nacida; critica la discriminación por objeción de conciencia frente al aborto hacia los profesionales sanitarios; reconoce la idiosincrasia de nuestras naciones favorable a la vida; denuncia la nula prevención de las condicionantes que llevan a las mujeres a tomar ese camino.
En Latinoamérica, continente fuertemente marcado por las políticas demográficas y de control de natalidad, un mandatario, sin temor, se desmarca de los organismos internacionales que presionan por implementar una cultura de muerte. Algo, por cierto, para tener en cuenta.
Dr. Cristián Vargas Manríquez
Dir. Inst. de Bioética U. Católica de la Santísima Concepción
